BRUSELAS 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
Sólo Italia, Letonia y Lituania han introducido en sus respectivas legislaciones nacionales la nueva directiva europea sobre responsabilidad ambiental, que se basa en el principio de 'quien contamina paga', y cuya entrada en vigor está prevista para el lunes 30 de abril.
El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, expresó este viernes a través de un comunicado su "gran preocupación por el hecho de que sólo 3 Estados miembros han transpuesto hasta ahora este acto legislativo esencial".
"Si el resto no les siguen muy rápidamente, la Comisión tendrá que considerar iniciar acciones legales", añadió Dimas. A su juicio, la directiva sobre responsabilidad ambiental incitará a prevenir los daños medioambientales y permitirá a los Gobiernos obtener una reparación de los culpables en caso de perjuicio grave.
Los daños medioambientales contemplados en la norma incluyen los que afectan a los recursos hídricos, los hábitats naturales, los animales y las plantas, así como la contaminación del suelo que cause un daño importante a la salud humana. La directiva no tendrá ningún efecto retroactivo.
Los costes de prevención o de reparación de los daños medioambientales tendrán que ser asumidos por las empresas que realicen actividades de riesgo, por ejemplo las que den lugar a vertidos de metales pesados al agua o a la atmósfera, las fábricas de productos químicos peligrosos, los vertederos y las instalaciones de incineración.
Otros operadores económicos podrían ser obligados a asumir los costes de prevención o de reparación de los daños a especies protegidas y hábitats naturales, pero sólo si es el resultado de una falta o una negligencia.
Las autoridades públicas deberán jugar un papel importante en este régimen de responsabilidades, ya que les corresponde vigilar que los operadores afectados adopten o financien las medidas de prevención o de reparación necesarias. Las ONG podrán pedir a las autoridades públicas que intervengan e incluso llevarlas ante los tribunales si no lo hacen.
Cuando los daños medioambientales afecten a varios Estados miembros, éstos tienen que cooperar a la hora de adoptar medidas de prevención o de reparación.
La directiva no obliga a las empresas a asegurar los riesgos inherentes a sus posibles responsabilidades, y dice que son los Estados miembros los que deben promover la puesta a punto de instrumentos que aseguren este tipo de riesgos y animar a las empresas a recurrir a ellos.
Tres años después de la aplicación de la directiva, la Comisión elaborará un informe sobre esta cuestión de los seguros y redactará otro más general en 2014.
