TOLEDO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Consumidores y Usuarios de Castilla-La Mancha (UCE) ha asegurado que los usuarios no deben ser utilizados como "rehenes" en las negociaciones entre los colegios de farmacéuticos y el Gobierno regional.
UCE ha mostrado su oposición ante el cierre temporal a partir del próximo 15 de septiembre, durante un plazo de dos meses, anunciado por los colegios de Farmacéuticos de Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Guadalajara, según ha informado en un comunicado
Esta situación podría generar "graves consecuencias" en los usuarios que están siendo utilizados como rehenes por parte del sector farmacéutico para presionar al Gobierno regional.
UCE ha señalado la necesidad de que se reanuden las negociaciones y se busquen líneas de conciliación de intereses que eviten daños a los ciudadanos, puesto que el cierre de las farmacias es una situación "drástica" que no va a resolver el problema económico que padecen los farmacéuticos, pero que va a tener unas repercusiones en la sociedad "muy graves", especialmente en aquellas personas cuyo bienestar depende del suministro de fármacos.
Esta falta de pago por la Administración regional que padecen en la actualidad las farmacias no es exclusivo, pues hay otros muchos colectivos como las organizaciones de consumo a los que también se les adeudan pagos, peligrando su viabilidad y la prestación de servicio que ofrecen al ciudadano.
UCE ha recordado que la Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha determina como derechos de los ciudadanos la asistencia farmacéutica continuada.
En este sentido, UCE ha explicado que las oficinas de farmacia permanecerán abiertas al público al menos durante el horario mínimo que se determine por la Administración sanitaria, quien establecerá el régimen de urgencias.
Por ello, UCE ha reiterado la necesidad de que se cubran los servicios mínimos de asistencia para evitar que la falta de dispensación de fármacos puedan generar daños irreparables en enfermos crónicos dependientes de su medicación.
Por último, UCE ha señalado que si los farmacéuticos persisten en su intención de mantener su cierre temporal, podrán ser sancionados por la Administración ya que negarse injustificadamente a dispensar medicamentos o productos de venta exclusiva en farmacias cuando se deriven perjuicios directos para la salud de las personas es una infracción grave con multa de 3.000 a 15.000 euros.
Por otro lado, cualquier acción u omisión que provoque un desabastecimiento grave de medicamentos a la población de Castilla-La Mancha, y el desacato a las autoridades sanitarias relacionada con la asistencia farmacéutica es calificado como infracción muy grave con sanciones que van desde los 15.000 a los 600.000 euros.
El Consejo ha mostrado su confianza en que finalmente se llegue a una solución, aunque ha recordado a los ciudadanos que las farmacias tienen que tener hojas de reclamaciones puestas a disposición del público, y que pueden acudir a los servicios jurídicos de las organizaciones de consumidores para interponer sus reclamaciones.
