Publicado 12/05/2021 15:46CET

El TSJCV anula sentencia que condenaba a Sanidad por la ausencia de EPI y requiere a CESM que concrete los daños

Archivo - Un sanitario con un EPI en imagen de archivo
Archivo - Un sanitario con un EPI en imagen de archivo - LA FE - Archivo

VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la sentencia dictada por un Juzgado de lo Social de Alicante, que condenó a la Conselleria de Sanidad por la ausencia de Equipos de Protección Individual (EPI) a los médicos en la primera ola de covid.

La sala, que no entra en el fondo del asunto, ha decretado la nulidad de las actuaciones y ordenado retrotraer el procedimiento al momento de la admisión a trámite de la demanda de CESM, que promovió este proceso, a fin de que el Juzgado de lo Social requiera al sindicato para que "concrete su demanda, identificando y cuantificando los daños y perjuicios concretos reclamados tanto por el sindicato demandante como por cada uno de los trabajadores en cuyo nombre e interés actúa".

Así figura en sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJCV en el que estima en parte los recursos interpuestos por la Conselleria de Sanidad y el CESM contra la sentencia de primera instancia y el auto posterior de aclaración dictados por el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante.

El juzgado consideró que Sanidad había incumplido la normativa de prevención de riesgos laborales y generado un grave riesgo a la seguidad y salud de los facultativos sanitarios de la provincia de Alicante y le condenó a suministrar y proveer de EPI necesarios. Así mismo, abrió la vía a los sanitarios afectados para que acudieran a la jurisdicción contencioso-administrativa para instar la responsabilidad patrimonial generada por un funcionamiento anormal de la Administración Estado-CCAA.

No obstante, el alto tribunal declara nula la sentencia y el auto de aclaración, así como todas las actuaciones practicadas en el procedimiento desde el momento de la admisión de la demanda, al entender que el proceso "no debió reconducirse a los trámites del proceso de conflicto colectivo" ya que "exige unos requisitos específicos de legitimación que difícilmente podía acreditar la parte
actora que no formuló demanda alguna de conflicto colectivo", sino que estamos ante "una demanda plural".

En ese sentido, argumenta que como "la sentencia de instancia, entendiendo que estamos ante una demanda de conflicto colectivo, no ha identificado las circunstancias concretas de los trabajadores en interés de los cuales actúa el sindicato y los incumplimientos concretos en materia de prevención de riesgos laborales cometidos" por la Conselleria de Sanidad respecto de esos empleados "no
resulta posible a través de este recurso casi extraordinario y de objeto limitado poder resolver sobre las cuestiones planteadas".

Por ello, además de anular la sentencia, acuerda que se repongan las actuaciones al momento de la admisión para que se requiera a CESM que en el plazo de cuatro días "concrete su demanda identificando y cuantificando los daños y perjuicios concretos reclamados tanto por el sindicato demandante como por cada uno de los trabajadores en cuyo nombre e interés actúa".

Una vez cumplido este trámite, el procedimiento deberá seguir los cauces legales hasta el dictado, en su caso, de una nueva sentencia por el juzgado de Alicante. La resolución, al declarar la nulidad de las actuaciones, no entra a conocer los demás motivos de recurso formulados por las partes y que se refieren al fondo del asunto.

"SE TUVIERON QUE PROVEER DE CUALQUIER MODO"

Al respecto, CESM, en un comunicado, ha recordado que los médicos "tuvieron que hacer frente a la pandemia del covid-19, durante los meses de marzo a mayo de 2020, sin ningún tipo de protección" y que se "tuvieron que proveer de cualquier modo y forma para atender a los pacientes".

"Todos recordamos como se les negaban las mascarillas, los buzos, las gafas protectoras o los guantes y como tuvieron que fabricarlos con bolsas de basura o aceptar mascarillas caseras sin homologar con lo que fueron sometidos a una presión adicional al tener que atender a los pacientes sin ningún tipo de protección, poniendo en riesgo su vida y la de sus familias", ha señalado.

Por ello, ha mostrado su satisfacción por que la justicia valenciana "reconozca el derecho de los médicos a ser compensados por su trabajo en las condiciones impropias de nuestro país, y a su vez que la Conselleria de Sanitat sea declarada culpable de la nefasta gestión que todos padecimos, y que esperamos no se vuelva a repetir".

En ese sentido, ha recalcado que "continuará reclamando y exigiendo el cumplimiento del derecho que los médicos tienen a realizar su trabajo con protección de su seguridad, salud e integridad personal, en definitiva, con la protección debida que a su vez es la de los ciudadanos a los que atienden".