Archivo - Píldoras multicolores dispersas del recipiente de plástico blanco para medicamento - IGORISS/ ISTOCK - Archivo
MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La organización Civio y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) han informado de que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite su recurso contra la decisión de la Audiencia Nacional, quien revocó una decisión anterior que obligaba al Ministerio de Sanidad a dar la información sobre el precio real de los medicamentos y las condiciones de financiación de medicamentos incluidos en el Sistema Nacional de Salud.
En un auto fechado el 17 de diciembre de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admite el recurso de casación nº 4550/2025 contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 23 de abril de 2025, que revocaba la decisión avalada en primera instancia, en 2023, por el Juzgado Central donde Sanidad debía entregar la información sobre el precio de un terapia génica para niños y adultos con una distrofia hereditaria que afecta a la retina.
"Ese paso ya es importante por sí mismo. La casación en el Supremo no es un trámite automático. Se admite cuando el tribunal aprecia que el asunto plantea una cuestión jurídica con alcance general, con interés para fijar jurisprudencia. En términos más claros: el Supremo indica que esto no es un caso más, sino un conflicto que conviene resolver con una doctrina clara", señalan desde la plataforma.
Desde el principio, la solicitud de acceso de Civio "era muy concreta": obtener la resolución administrativa que dicte Sanidad estableciendo el precio y las condiciones de financiación del medicamento dentro del Sistema Nacional de Salud, y que es obligatoria para su financiación por el sistema sanitario público.
En primera instancia, en 2023, el Juzgado Central avaló la posición de Civio y la del CTBG: que Sanidad debía entregar la información. La Audiencia Nacional, sin embargo, revocó esa decisión en 2025.
El escrito de Civio defiende que esta decisión "debería preocupar incluso a quienes defienden la confidencialidad como herramienta negociadora". "Si el precio real pagado por una administración puede ocultarse por el mero hecho de estar conectado a información empresarial, cualquier empresa adjudicataria de contratos públicos podría intentar lo mismo", explica.
A su juicio, el precio real y las condiciones de financiación "importan porque condicionan el gasto sanitario y, por tanto, las prioridades presupuestarias"; además de que "afectan a la capacidad del sistema para incorporar innovaciones sin desbordarse"; y porque, "sin esos datos, se hace imposible detectar decisiones ineficientes o en las que prevalecen los intereses de las empresas sobre el interés público".
