Andalucía aducía que la suspensión afectaba al plan de ajuste exigido por el Gobierno para optar al plan de pago a proveedores
MADRID/SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha hecho público este lunes el auto por el que se procede al levantamiento de la suspensión de la subasta andaluza de medicamentos tras el recurso del Gobierno central, al reconocer que las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado "carecen de entidad suficiente" para impedirlo.
De este modo, y a la espera de la resolución que "en su día se adopte respecto al debate de fondo", el Alto Tribunal ha aceptado la petición de la Junta de Andalucía de levantar la suspensión que regía desde el pasado 1 de agosto basándose en la "presunción de validez propia de las leyes".
La suspensión efectuada entonces por el TC tenía una vigencia de cinco meses y, para su continuidad, según apunta el auto al que ha tenido acceso Europa Press, era necesario que el Gobierno aportara y razonara "con detalle" los argumentos de su recurso de inconstitucionalidad.
Los argumentos esgrimidos por la Abogacía del Estado incluían un informe "cuya autoría atribuye al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad", en el que se fundamentaba que la medida "distorsiona gravemente" el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) y, asimismo, informaba de que Andalucía podía ahorrar más con el sistema estatal de revisiones mensuales que con la subasta impugnada (116 millones frente a 27, según el informe).
Sin embargo, el Alto Tribunal considera que en dicho informe "nada en el mismo permite conocer el órgano del que emana ni aún siquiera su carácter oficial", lo que no hace posible tenerlo en cuenta como "valor probatorio".
"Carece de firma, fecha, determinación de la autoridad que lo encarga, persona que lo realiza, número de registro o cualquier otro elemento identificador", según detalla el auto.
Igualmente, el TC defiende que "los intereses particulares de laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los generales de reducción del gasto farmacéutico", después de que la Abogacía argumentara que la medida fomentaba "la creación de monopolios de ofertas regionales, con la consiguiente expulsión del mercado del resto de las empresas farmacéuticas no adjudicatarias".
Otro argumento de la Abogacía era que los beneficios "no repercutían en un descuento al paciente", algo que el alto tribunal considera "congruente" ya que el objetivo de la medida es que "sea la Administración sanitaria quien resulte directamente beneficiaria de la minoración del precio de los medicamentos".
Por último, y ante el riesgo de que los pacientes pudieran ver modificados sus tratamientos y se viera afectada la continuidad de los mismos, el TC defiende que el modelo estatal de prescripción por principio activo y la introducción del precio como criterio en la dispensación "tampoco garantiza el derecho a la dispensación de una determinada presentación comercial".
ARGUMENTOS ANDALUCÍA RECOGIDOS EN EL AUTO
Por contra, la Junta de Andalucía aducía varios argumentos para el levantamientos de esta suspensión cautelar, entre ellos, el "grave quebranto económico" que se causaría a la hacienda pública autonómica.
A tal fin expone que, en consonancia con las medidas adoptadas por el Estado para la contención y reducción del gasto farmacéutico en los sucesivos Reales Decretos-leyes 4/2010, 8/2010, 9/2011 y 16/2012, también el Decreto-ley andaluz 3/2011, prevé conseguir un doble objetivo: disminuir el gasto en medicamentos y productos sanitarios, así como contribuir a la mejora en la calidad de la dispensación, al reducir los inconvenientes que supone el cambio de presentación de las sucesivas dispensaciones.
En este sentido, recuerda que se introduce un sistema de convocatorias públicas para seleccionar los medicamentos o los productos sanitarios a dispensar por las farmacias cuando se les presente una receta u orden de dispensación oficial identificada por el principio activo del medicamento o por la denominación genérica del producto sanitario.
Afirma que, del total del consumo farmacéutico que se realiza a través de recetas con cargo a la prestación farmacéutica del sistema sanitario público de Andalucía (1.911 millones de euros en 2011), el 89 por 100 (1706 millones de euros) se refiere a medicamentos y, de éstos, sería posible aplicar el sistema descrito al 56,2 por 100 (111 millones de envases y 959 millones de euros), lo que supondría un ahorro anual estimado en 244 millones de euros.
AFECTARÍA AL PRESUPUESTO ANDALUZ Y AL PLAN DE PAGO A PROVEEDORES
A continuación argumenta que, dada la elevada cuantía de las cifras anteriores, la prolongación de la suspensión tensionaría las cifras del presupuesto sanitario andaluz en el que está previsto una reducción de 159 millones de euros en el gasto farmacéutico para 2012.
Añade que la suspensión afecta también al plan de ajuste exigido para acogerse al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores, en el que se incluyeron medidas destinadas a reducir el gasto farmacéutico, derivadas de las convocatorias públicas para la selección de medicamentos. Finalmente, la Junta indicaba que el mantenimiento de la suspensión comprometería los propios objetivos de reducción del déficit público perseguidos por el Gobierno de la Nación.
El segundo grupo de intereses que, a juicio de la letrada autonómica, se verían comprometidos de mantenerse la suspensión son los de los propios pacientes, pues con la disposición impugnada se persigue un objetivo económico directo, pero también ayudar en la mejora de la adherencia de los pacientes a los tratamientos, al disminuir los inconvenientes que supone para los mismos el cambio de presentación farmacéutica de las sucesivas dispensaciones.
El tercer grupo de intereses concernidos sería el de los laboratorios que han resultado adjudicatarios en el proceso convocado, tres de los cuales valoran los perjuicios respectivos en 44,7 millones de euros, 32,7 millones de euros y 15,9 millones de euros.
INICIO DE LA SUBASTA PARA TODOS LOS GENÉRICOS
La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ya anunció este pasado viernes que en esta semana del 17 al 21 de diciembre convocaría la subasta de fármacos para todos los medicamentos genéricos, una vez que el TC notificase de forma oficial y por escrito el levantamiento de la suspensión cautelar que pesaba sobre el decreto andaluz tras el recurso del Gobierno central.
Según concretaba, el avance en el proceso de subasta pública para todos los medicamentos genéricos (los que no están aún bajo período patente) es posible gracias a que ya tenían (el Gobierno andaluz) todo preparado en el caso de que se produjera finalmente el levantamiento de la suspensión cautelar como así ha sido.
Además, avanzaba que la idea de su departamento es que a partir de enero puedan estar ya con el concurso a pleno rendimiento, lo que permitirá un ahorro anual a las arcas públicas de 200 millones gracias a que se optarán por los laboratorios que ofrezcan el precio más bajo de sus medicamentos.
Respecto a si el levantamiento de esta suspensión cautelar puede ser la antesala a un archivo definitivo del recurso que elevó en su momento el Gobierno de Mariano Rajoy, Montero no escondía que le "gustaría" que ese fuese el desenlace final, si bien prefería mostrarse "cautelosa" en estos casos.
