MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha dictado un auto por el que asume la solicitud de desistimiento del Gobierno de Pedro Sánchez respecto del recurso de inconstitucionalidad que presentó en marzo de 2018 el Ejecutivo del PP contra la denominada ley catalana de salud universal.
Los puntos de la Ley Catalana 9/2017 que fueron impugnados por el Gobierno de Mariano Rajoy fueron los artículos 1, 2 (apartados 2 y 3), 3, 4 y 5, las disposiciones adicionales segunda, tercera, cuarta y séptima y la disposición final, que regulan la universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Servicio Catalán de Salud.
En su auto, cuyo ponente ha sido el magistrado Andrés Ollero, el TC explica que el pasado 17 de septiembre el Abogado del Estado solicitó el desistimiento de dicho recurso de inconstitucionalidad.
Ni el Gobierno de la Generalitat ni el Parlamento de Cataluña se han opuesto a dicha petición. Además, el Tribunal considera que tampoco se advierte "interés constitucional que justifique la prosecución del recurso hasta su finalización por sentencia".
El desestimiento se produjo tras la convalidación en el Congreso del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que concretó el compromiso del Gobierno socialista de restablecer el carácter universal de los servicios públicos de salud, modifica el alcance de la normativa básica y permite que la norma catalana impugnada resulte acorde con su marco estatal básico.
Son más de una docena los recursos en el Tribunal Constitucional presentados por el Estado contra normas catalanas y que se revisarán. Los asuntos en litigio son diversos: vivienda y pobreza energética, la citada ley de asistencia sanitaria, normativa sobre consumo de cannabis, también sobre la agencia catalana de ciberseguridad, la de protección social, o legislación sobre el cambio climático.
La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ha explicado este martes que el Gobierno central se plantea retirar ahora los presentados contra sendas leyes catalanas impugnadas por el Ejecutivo del PP: la de cambio climático y la de la agencia de protección social catalana.
