MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los grupos que ofrecen el suicidio asistido, especialmente para las personas que viajan a Suiza para morir, se enfrentarán a una ley más estricta después de que el Consejo de Ministros de Suiza presentara ayer dos proyectos de ley en los que define las condiciones para la eutanasia asistida, incluidas dos confirmaciones médicas independientes del deseo a morir de un paciente que sea enfermo terminal y no crónico, la utilización de medicamentos aprobados y una documentación clara de cada caso.
La ministra de Justicia, Eveline Widmer-Schlumpf, afirmó que el propósito de endurecer la regulación y clarificarla en el Código Penal es disminuir los procesos de suicidios asistidos e impedir que la gente viaje a Suiza sólo para este propósito, recoge Swissinfo. En 2007 se produjeron unos 400 casos de suicidos asistidos, incluidas 132 personas de Reino Unido y Alemania.
El suicidio asistido y la eutanasia pasiva son legales actualmente en Suiza, una política que le convierte en uno de los países europeos más permisivos en este aspecto. Widmer-Schlumpf indicó que no corresponde al Estado ayudar a morir a la gente. "Creemos que la prevención de los suicidios y los cuidados paliativos son las prioridades", aseguró la ministra.
Entre los nuevos requisitos, la persona que pida el suicidio debería presentar dos certificados procedentes de dos médicos diferentes que sean independientes de las organizaciones de suicidio asistido. "Uno de los certificados debe indicar que la persona tiene la capacidad legal para decidir por sí misma y el segundo debe demostrar que sufre una enfermedad incurable y que desembocaría en muerte en un período corto de tiempo", indica el comunicado del Ministerio de Justicia. "Esto descartaría a los que sufren enfermedades crónicas que no son terminales y aquellos que sufren enfermedades mentales", añade.
"Además, los que asisten a una persona que quiere terminar con su vida deben debatir y examinar alternativas al suicido (...), y no deben perseguir fines comerciales. No pueden aceptar ningún pago por sus servicios que exceda el coste del suicidio", añade.
Añadió que una regulación sobre el suicidio asistido es una cuestión muy delicada que no incluye sólo a la ley sino también a la ética. El Gobierno también publicó una opción alternativa que prevé una prohibición del suicidio asistido organizado. "El Consejo Federal también ha presentado una prohibición total sobre el suicidio asistido organizado que se debatirá en el Parlamento. Esta opción se apoya en la creencia de que las personas que trabajan en las organizaciones de suicidios asistidos nunca están motivadas por razones puramente altruistas", afirma el comunicado del Ministerio de Justicia, que asegura que el suicidio debe ser "el último recurso".
Los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil tienen cuatro meses para dar sus opiniones sobre las propuestas antes de que el Consejo de Ministros prepare un proyecto de ley final para que sea debatido en el Parlamento.
