MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesionales por la Ética ha mandado una solicitud al Fiscal General del Estado para que investigue a la asociación Derecho a Morir Dignamente por un presunto delito de cooperación al suicidio, tras conocer a través de un medio nacional que pudieron ser quienes suministraron los fármacos que necesitaba un paciente para conseguir llevar a cabo su deseo de poner fin a su vida.
Los hechos hacen referencia a un artículo publicado el pasado 9 de febrero en el diario 'El País', donde se contaba la muerte de José Luis Sagües, un enfermo que deseaba acabar con su vida, quien lo consiguió el pasado 27 de enero, y, según cita el diario, después de que médicos de la asociación Derecho a Morir Dignamente le suministraran los fármacos necesarios.
Sin entrar a juzgar los motivos por los que le paciente deseó poner fin a su vida, desde Profesionales por la Ética destacan - atendiendo siempre al texto publicado- que "el citado ciudadano estaba atendido por un servicio de Cuidados Paliativos que se negó a suministrar al paciente la dosis necesaria para acabar con su vida".
A la vista de los hechos, Profesionales por la Ética ha solicitado al Fiscal General del Estado que investigue y, en su caso, inste, ante la instancia judicial, y en todos los procedimientos en los que actúe en defensa del interés general y de la legalidad vigente, a la "correspondiente querella criminal por un delito de cooperación al suicidio contra la Asociación Derecho a Morir Dignamente y sus integrantes".
Asimismo, solicita la ilegalización de dicha asociación, "habida cuenta de que el artículo 520 del Código Penal ordena a los Jueces o Tribunales que acuerden la disolución de las asociaciones ilícitas, considerándose tales, entre otras y de acuerdo con el artículo 515 del mismo texto legal, las asociaciones que, después de constituidas, promuevan la comisión de algún delito".
Carlos Álvarez, portavoz de Vida Digna, una iniciativa de Profesionales por la Ética para prevenir la eutanasia, recuerda que "el Código Penal castiga la inducción al suicidio, el auxilio al mismo, que puede implicar ayuda tanto necesaria como accesoria, y tanto activa como pasiva, que requiere, en todo caso, el consentimiento del auxiliado y que puede obedecer a supuestos móviles altruistas o morales -piedad, respeto, afecto o sumisión- pero también a móviles abyectos, y el auxilio hasta el punto de ejecutar el mismo la muerte, al que la doctrina denomina homicidio - suicidio, homicidio consensual, homicidio consentido, auxilio ejecutivo al suicidio o, finalmente, homicidio concertado con la víctima que desea morir".
"Más allá de la legalidad", añade Álvarez, "es necesario trasladar a la opinión pública que el enfermo, discapacitado o anciano merece ser atendido y cuidado y en ningún caso descartado o matado. Es preciso evitar el sufrimiento y paliar dolores pero existen muchos medios de hacerlo sin acabar con la vida de las personas. De lo contrario, todos peligramos en cuanto dejemos de ser útiles".
Por otro lado, desde profesionales por la Ética se recuerda que varios miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente (AFDMD), presidida por el doctor Luis Montes, están siendo investigados por la muerte de una mujer en un hotel de Avilés en mayo de 2012.
