MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Sistema Nacional de Salud adeudaba a finales de 2005 un total de 2.192 millones de euros a las compañías farmacéuticas por el suministro de medicamentos a hospitales públicos, 268 millones de euros más que al final del año anterior, según explicó hoy el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, ante la comisión de Economía y Hacienda del Senado.
Según Arnés, por su dimensión y dinámica la situación resulta "insostenible" en dos comunidades autónomas, que concentran más de la mitad de la deuda acumulada: Comunidad Valenciana (607 millones de euros) y Andalucía (591 millones de euros).
En cuanto a la evolución de la deuda en los últimos cinco años, Arnés explicó que se ha incrementado en torno al 24 por ciento anual, pasando de una deuda de 918 millones en 2001 a 2.192 millones en 2005. Esta cifra es muy similar al valor total de las ventas realizadas por la industria farmacéutica a los hospitales públicos en 2005, que llegaron a 2.432 millones de euros.
Por comunidades, la Comunidad Valenciana concentra el 28 por ciento de la deuda (607 millones), Andalucía el 27 por ciento (591 millones), Madrid el 9 por ciento (191 millones) y Galicia el 5 por ciento (118 millones). El resto de comunidades concentran el 31 por ciento. A la cola de morosidad se sitúan La Rioja (7 millones) y Navarra (15 millones).
El periodo medio de pago del SNS a la industria farmacéutica se situó en 2005 en casi un año, en concreto en 329 días, cinco menos que el año anterior. También la Comunidad Valenciana y Andalucía encabezan el ránking de demora en el pago, con más de dos años (759 días) y un año y medio (517 días), respectivamente.
En opinión de Arnés, este retraso es "exagerado" y "difícil de entender". En cualquier caso, destacó que desde la aplicación este año de la Ley de Morosidad, el periodo medio se ha reducido ligeramente. En algunas comunidades, como Canarias, ha pasado prácticamente a la mitad (de 400 a 218 días).
El responsable de Farmaindustria aseguró que un sector "no es capaz de soportar de forma sostenida demoras medias que se acercan a un año" y recordó que la ley establece 60 días como periodo general de pago. Esto genera, explicó, problemas de liquidez para las empresas, en especial para las pymes, expulsa del mercado a empresas eficientes y debilita la competencia. Además, supone desaparición de compañías, disminución de la competencia y destrucción de puestos de trabajo.
Arnés añadió que la morosidad también tiene consecuencias fiscales para las compañías que, "paradójicamente han de anticipar fondos a la Administración, vía liquidación del IVA e Impuesto de Sociedades sobre ventas realizadas pero no cobradas".
ELUDIR SU CUMPLIMIENTO
En su opinión, la Ley de Lucha contra la Morosidad no sólo no se está cumpliendo, sino que "varias Administraciones públicas están diseñando instrumentos para eludir su cumplimiento". Así, citó la Recomendación 1/2005 de la Junta de Andalucía o propuestas de pago de la Agencia Valenciana de Salud a cambio de la renuncia a intereses de demora.
Por otro lado, subrayó que los controles internos y externos para velar por la aplicación de la ley se han revelado "poco eficaces". Arnés consideró que el tamaño de la deuda de algunas comunidades "exige decisiones políticas que van más allá de medidas de gestión" y que pasan por "destinar más recursos financieros para que la situación vuelva a la normalidad".
"Los proveedores no pueden ser los financiadores del SNS", advirtió, y aseguró que muchas compañías han acudido a los tribunales y han obtenido "sentencias favorables y esperanzadoras", aunque no ofreció más detalles.
El responsable de Farmaindustria insistió en que "hay que allegar más recursos y gestionarlos con eficacia y disciplina financiera", añadió. A su juicio, "hay que hacer un punto y aparte, un punto de corte para que las Administraciones asuman la deuda embalsada y a partir de ahí entren con gestión más eficaz y recursos que realmente cubran las necesidades del ámbito hospitalario".
