MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería (SATSE), y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se han dirigido, de manera conjunta, a los ministros de Interior, Sanidad y Política Territorial y Función Pública, así como al Defensor del Pueblo, para pedirles que se traspase la sanidad penitenciara a las comunidades autonómas debido al "progresivo deterioro" en el que se encuetra.
En sendas cartas firmadas por el secretario general de CESM, Gabriel del Pozo, y el presidente de SATSE, Manuel Cascos, ambas organizaciones sindicales han avisado de que "no se están cumpliendo" los preceptos constitucionales de "igualdad y equidad" en la atención sanitaria entre las personas privadas de libertad, debido a la existencia de "numerosos problemas y deficiencias" a los que sigue "sin darse solución" desde las diferentes administraciones públicas.
Dentro de los graves problemas a los que se enfrentan diariamente los profesionales médicos y de enfermería, y que repercuten en sus condiciones laborales y en la calidad de la prestación de la asistencia sanitaria, las organizaciones sindicales han destacado el déficit de personal porque les obliga, en el caso de las enfermeras, a asumir responsabilidades y funciones que "no les corresponden".
Además, han recordado que se trata de profesionales sanitarios cuyo trabajo se desarrolla en un entorno laboral que reúne especiales condiciones de peligrosidad y penosidad, al atender y cuidar a un número de personas con problemas derivados del consumo de sustancias estupefacientes, enfermos mentales o pacientes que padecen enfermedades infectocontagiosas, entre otros ejemplos.
"Una preocupante situación que cambiaría si se procediese finalmente a la transferencia de los servicios sanitarios dependientes de instituciones penitenciarias a las comunidades autónomas para su integración en los correspondientes servicios autonómicos de salud", han destacado los sindicatos.
Por ello, ambas organizaciones han insistido a los distintos ministros del Ejecutivo que, dentro de su ámbito de actuación, colaboren para llegar a los acuerdos pertinentes con los gobiernos autonómicos que posibiliten el traspaso de la sanidad penitenciaria a lo largo de la actual legislatura.
Dicho esto, han lamentado que el traspaso "aún no se haya materializado" a pesar de la "infinidad" de iniciativas parlamentarias presentadas a lo largo de los últimos años por parte de todos los partidos políticos, a través de su grupos parlamentarios, y recuerdan que el actual Gobierno ha manifestado de manera reiterada su compromiso de impulsar la transferencia de la sanidad penitenciaria.
"Este traspaso posibilitará, sin lugar a dudas, que se pueda prestar una atención sanitaria en igualdad de condiciones para la población reclusa que la que se proporciona al resto de ciudadanos por los servicios de salud autonómicos, y además que los profesionales sanitarios que prestan sus servicios en los centros penitenciarios dispongan de las mismas condiciones laborales que el resto de profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud", han zanjado.
En el caso del Defensor del Pueblo, SATSE y CESM le agradecen en su carta la especial sensibilidad que ha demostrado hacia los problemas que sufren las personas privadas de libertad en España y le han pedido que siga denunciado la situación existente en aras a que las administraciones públicas correspondientes den una "solución definitiva" a la misma.
