Afirman que la Conselleria ha acordado con las empresas "amortizar las plazas de los interinos para que dependan de la concesionaria"
VALENCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los cinco sindicatos de la mesa sectorial de Sanidad han acordado un calendario de movilizaciones contra el nuevo modelo de gestión compartida porque supondrá "el principio del fin de la sanidad pública como hasta ahora se ha entendido", que culminará el próximo 28 de junio con la convocatoria de una huelga de sólo una hora para mostrar su descontento pero que no repercuta en la ciudadanía.
Así, lo han anunciado este viernes en rueda de prensa los representantes de Cemsatse, UGT, CCOO, CSI.F y USAE, para leer un comunicado conjunto en el que cuestionan que la privatización de la gestión se limite a los servicios ya externalizados y temen que en una segunda fase se privatice también la asistencia y que el personal estatutario pase a ser laboral "como ya sucedió con la implantación del modelo Alcira".
De hecho, el secretario de la FSP de CCOO, Arturo León, ha señalado que este mismo viernes han conocido que la Administración ha acordado con las concesiones administrativas "emprender un proceso de amortización de plazas para que el personal estatutario que no tenga plaza en propiedad se vea obligado a pasar a la concesionaria". Por ello, ha acusado al conseller de Sanidad de "ocultar la realidad" y le ha criticado por "decir que no pasa nada".
En ese sentido, en el manifiesto se oponen a este modelo que "supone el primer paso hacia la generalización de la gestión privada de toda la sanidad pública" y se ha mostrado convencido de que las empresas adjudicatarias "no se conformarán con gestionar sólo la parte no asistencial", sino que progresivamente "irán asumiendo nuevas parcelas de gestión incluyendo las de carácter asistencial".
En ese sentido, señalan que hay "muchos motivos para no creerles" ya que "las competencias dadas a la dirección del proveedor privado "la situarán formalmente al mismo nivel que la dirección pública del área asistencial e intuimos que, debido a las funciones que ejercerá en materia de compras, logística y de eficiencia, de facto supondrá la primacía del gestor privado sobre las decisiones de la dirección asistencial".
Además, advierten de que los empleados públicos cuya gestión se privatice se verán afectado: "los fijos porque dependerán funcionalmente del gestor privado y los interinos porque tendrán que pasar a prestar sus servicios para la empresa en el mejor de los casos o porque se amortizarán sus plazas y perderán sus empleos". Así, critican que primero se pacten las condiciones con las empresas y luego se incluyan en el pliego de condiciones del concurso, en lugar de que sea la Administración quien marque sus condiciones.
"CONFIRMACIÓN DEL FRACASO ROTUNDO DEL CONSELL"
"Este modelo no es más que la constatación del fracaso rotundo de la política económica y financiera de la Generalitat porque no somos solventes y la Administración central no se fía de nosotros para acceder a pagar las facturas que hay en el cajón", ha señalado. Por ello, ha apuntado que el Consell se ha visto "abocado" a "llevar a la casa de empeños las joyas de la abuela" pese a que "el tasador va a dar menos porque sabe de la debilidad de la conselleria".
Por su parte, el responsable de FSP-UGT, Miguel Usó, ha lamentado que la Comunitat Valenciana sea "el campo de pruebas de la privatización de la Sanidad Pública" y ha incidido en que con este nuevo modelo se "da una vuelta de tuerca más con la excusa de la austeridad" que debe aplicarse por la crisis.
No obstante, Usó ha recalcado que el Sistema Nacional de Salud es "uno de los mejores del mundo" y ha negado que sea insostenible porque España destina un 2 por ciento menos que la media europea al gasto sanitario y genera el 10 por ciento de la economía del país. Por ello, ha arremetido contra el PP por "regalar a sus amigos" una Sanidad que "no es gratis, sino que se mantiene con los impuestos de todos".
En esta misma línea, Javier Aznar, de Cemsatse, ha incidido en que es la Comunitat valenciana es "el laboratorio" de la privatización de España y que "se abre un melón" que supondrá "un recorte brutal de los recursos" para que le sea "rentable" a las concesionarias y que además terminará "con la definitiva privatización de todo el sistema".
Por su parte, Dolly Prunes ha explicado que CSI-F exige que en el caso de que se termine aplicando ese modelo se respeten unos acuerdos para "minimizar las consecuencias", entre las que ha citado que la externalización no se extienda a otros servicios, que no suponga una pérdida del personal estatutario, que las sustituciones "siempre" se hagan por la bolsa de Salud y que la OPE de 2007 salga por completo en el primer trimestre de 2013.
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