VALENCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Libre de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana (SLF-CV) ha denunciado ante Fiscalía Anticorrupción que la Conselleria de Hacienda ha destinado 325.633.982,64 millones de euros presupuestados en los seis primeros meses de 2014 para recetas a otros pagos "ajenos", lo que a su entender podría ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación.
Así consta en la denuncia, facilitada por el sindicato, en la que se explica que el Proyecto de Presupuestos para 2014 contemplaba en su Programa 412.23 de 'Prestaciones Farmacéuticas' una partida de 873.105.000 euros para la facturación de las recetas farmacéuticas.
Según especifica el sindicato, y en base a los datos que figuran en la página web del Ministerio de Sanidad, el importe de las facturaciones farmacéuticas de los seis primeros meses de 2014 ha sido de 545.505.828 euros.
En este periodo de tiempo, la Conselleria de Hacienda ha pagado 110.919.518,36 euros con cargo al Programa del pago de recetas, mientras que el resto del importe de las facturaciones, es decir, 434.586.309,64 euros se ha satisfecho con cargo al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).
Sin embargo, el sindicato ha puesto de manifiesto, en base a lo presupuestado para 2014, que la conselleria pudo haber hecho pagos de las facturaciones de recetas farmacéuticas por importe de 436.552.500 euros --la mitad de los 873 millones para todo el ejercicio--. Si de los 436 millones que se podían pagar solo se abonaron 110, el sindicato se pregunta a qué se han destinado los 325.633.982,64 euros restantes.
Así, expone en su denuncia que la conselleria "no está destinando el importe presupuestado del Programa 412.23 al pago de las facturaciones mensuales de las recetas farmacéuticas de 2014, dispensadas a cargo de la Conselleria de Sanidad".
En concreto, insiste: "La Conselleria de Hacienda ha destinado al menos 325.633.982,64 euros del Programa a pagos ajenos al mismo", con lo que considera que la administración valenciana "sigue perjudicando a los farmacéuticos con Oficina de Farmacia al abonar con retraso las facturaciones mensuales de recetas".
Según el sindicato, esta actuación podría ser constitutiva de un delito de prevaricación, todo ello sin perjuicio del origen de la obligación a la que se ha hecho frente con estos últimos pagos. Por ello, pide al ministerio público que incoe las oportunas diligencias para averiguar lo denunciado y que depure responsabilidades.
