MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los Grupos Parlamentarios de PSOE e IU en la Asamblea reclamaron hoy la restitución en sus cargos de los profesionales sanitarios afectados por el caso de las sedaciones irregulares del Hospital Severo Ochoa de Leganés, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya archivado el caso.
En rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, aseguró que su Grupo "va a seguir hasta conseguir restituir a los profesionales en los puestos que ocupaban antes del inicio de la campaña de acoso basada en una denuncia falsa por parte del Gobierno regional".
En este sentido, Menéndez señaló que "tras tres años de cacería y persecución y con una sentencia en firme, el Gobierno autonómico no rectifica ni devuelve a los profesionales a sus puestos, ni reconoce ni respeta el Estado de Derecho".
La portavoz socialista consideró que el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, "se dedica a contraprogramar" a la oposición, cuando ayer convocó una reunión con la Junta de Personal del centro de Leganés con media hora de antelación, cuando estaba programada una visita privada de varios dirigentes socialistas al hospital madrileño "para trasladarles su apoyo" ante los hechos ocurridos.
En este sentido, en el próximo Pleno de la Asamblea, que se celebrará el jueves, el PSOE preguntará a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, sobre las medidas que va a llevar a cabo para reparar los daños ocasionados a los profesionales sanitarios del Severo Ochoa.
Por su parte, la portavoz de IU en la Asamblea, Inés Sabanés, apuntó que "el mantenimiento de los expedientes administrativos y de la persecución a profesionales es una arbitrariedad", e indicó que el planteamiento del Gobierno regional es "profundamente injusto y que requiere rectificación inmediata".
"Vamos a trabajar y a combatir para que el Gobierno regional restituya a profesional y a los injustamente perseguidos", insistió la portavoz de IU.
LA COMUNIDAD FUERA DEL CASO
Mientras, el portavoz popular, Antonio Beteta, explicó que el Gobierno regional, en función del artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dio traslado al Ministerio Fiscal de los informes y denuncias de los que pudiera derivarse la existencia de un delito y destacó que la Comunidad de Madrid "no ha sido parte" de este caso.
Además, aseguró que el Ejecutivo autonómico "no ha presentado una denuncia"; sino que ha sido la asociación "AVIDESA la que ha llevado a cabo la tramitación jurídica con el Ministerio Fiscal".
Así, reseñó que el cese del ex coordinador del servicio de Urgencias del Severo Ochoa, Luis Montes se debió a la "falta de confianza", y resaltó que el auto de la Audiencia Provincial afirma que "al no haberse hecho la autopsia, es imposible determinar que el tratamiento tenga como consecuencia el fallecimiento por mala praxis y una responsabilidad penal".
Por último, preguntado por la decisión de la Consejería de Sanidad de mantener abiertos los expedientes administrativos contra algunos profesionales del Severo Ochoa, Beteta explicó que "declarado el archivo del expediente, la tramitación tiene que continuar" y reseño que se trata de algo "puramente jurídico".
