MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha solicitado hacer "todos los esfuerzos" para mantener el impuesto que había en Cataluña contra las bebidas azucaradas y extenderlo al resto de comunidades autónomas.
La organización se ha pronunciado así después de que la semana pasada la Sección Segunda de la Sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anulase este impuesto tras estimar el recurso interpuesto por varias asociaciones de distribución, cadenas de supermercados, comercios y restauración contra el reglamento aprobado por la Generalitat.
"Nos preocupa los efectos prácticos que la anulación de su desarrollo reglamentario pueda tener, el cual puede poner en peligro una de las medidas más apropiadas que se han tomado en los últimos años para romper la curva ascendente de la epidemia de obesidad en nuestro país. Desde que entrara en vigor esta medida en el mes de mayo de 2017 ya ha demostrado empíricamente su utilidad y su efectividad, no sólo en la recaudación de impuestos, sino también en los hábitos de la población", ha dicho SESPAS.
Y es que, tal y como ha recordado, dos estudios realizados en en la Universitat Pompeu Fabra y en la Universitat Internacional de Cataluña, el consumo de bebidas azucaradas en Cataluña disminuyó tras su entrada en vigor, el cual se desplazó hacia el agua envasada y las bebidas bajas en calorías.
Por ello, SESPAS ha instado al Gobierno de la Generalitar a que adopte las medidas que sean necesarias para preservar esta política pública orientada a desincentivar el elevado consumo de azúcares en la población, uno de los motores de la actual epidemia de obesidad.
Asimismo, ha recordado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que la imposición del impuesto tiene como resultado la reducción de la obesidad y, por tanto, un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer; y que diversos países han optado por esta política fiscal con "claros indicios de efectividad".
"En estos momentos incrementar la recaudación fiscal permite financiar el gasto público y garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar, que es también un objetivo deseable. Los actores que llevaron el reglamento al tribunal de lo contencioso administrativo son grupos de interés que obtienen beneficios de las ventas de azúcar como las patronales de bebidas y hostelería y las grandes empresas multinacionales del ramo", ha zanjado SESPAS.
