MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) denuncia que 282 millones de personas padecieron hambre aguda en 2023, un 24% más que en 2022, a través del quinto volumen de su serie 'Salud Pública y Conflictos Bélicos', titulado 'Inseguridad alimentaria y malnutrición en los conflictos bélicos', en el que achaca a los conflictos armados como la causa principal a este problema.
En este sentido, SESPAS urge a la comunidad internacional a actuar ya para evitar el colapso de los sistemas alimentarios en zonas de guerra, que hará retroceder décadas de avances en seguridad alimentaria, y castigar las violaciones del Derecho Humanitario Internacional.
En el informe, los expertos explican que el hambre aguda se refiere a la condición en que una persona no puede consumir alimentos suficientes para llevar una vida normal activa, poniendo en peligro inmediato su vida o sus medios de subsistencia. Para medir de forma sistemática estos niveles de inseguridad alimentaria, se utiliza a nivel internacional la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), un método desarrollado por la ONU.
La CIF distingue cinco fases: desde la 'Seguridad general' (fase 1), pasando por la 'Crisis' (fase 3), hasta la 'Catástrofe/Hambruna' (fase 5), definida por criterios de mortalidad elevada, malnutrición masiva y colapso de mercados.
Desde SEPSAS proponen, en primer lugar, que se aplique el enfoque "triple nexo", que combina ayuda humanitaria inmediata con desarrollo agrícola local y construcción de paz, "lo que permite implicar a las comunidades afectadas en las soluciones". En segundo lugar, consideran "necesario" financiar intervenciones urgentes al detectar una situación en fase 3 (Crisis) de la CIF, sin esperar a que se declare oficialmente la hambruna.
Asimismo, señalan que es "clave" sancionar efectivamente a estados y grupos armados que violen el Derecho Internacional Humanitario y utilicen el hambre como arma de guerra. Y por último, piden revertir el vacío dejado por el cierre de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en marzo de 2025, mediante la creación de nuevas alianzas globales sólidas.
NIVELES DE HAMBRUNA MÁS ALTOS
El informe sitúa a Palestina, Sudán, Sudán del Sur, Haití y Malí entre los focos más críticos del planeta, todos ellos en el nivel máximo de alerta por hambruna y en riesgo inminente de catástrofe humanitaria.
En concreto, Sudán acumula la mayor crisis alimentaria del mundo. 25,6 millones de personas (más de la mitad de la población) sufren inseguridad alimentaria aguda, de las cuales 8,5 millones están en fase de emergencia y 755.000 están ya en condiciones de hambruna.
Igualmente, en la Franja de Gaza, la guerra ha matado a más de 43.000 personas y ha desplazado al 85% de la población, dejando sin alimentos a 2,2 millones de palestinos y provocando niveles críticos de malnutrición infantil.
La organización denuncia que, pese a estar prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y tipificado como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional, el uso del hambre como método bélico "sigue siendo habitual y no ha derivado en sanciones reales en ningún conflicto reciente". La resolución 2.417 del Consejo de Seguridad de la ONU, que en 2018 estableció un vínculo claro entre la guerra y la inseguridad alimentaria, "tampoco se ha aplicado para castigar a los responsables".
