El Senado tumba la moción del PSOE para obligar a Madrid a implantar el registro de sanitarios objetores al aborto

   MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El Senado ha tumbado la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para obligar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a implantar el registro de sanitarios objetores al aborto, texto que ha contado con 114 apoyos, mientras que ha sido rechazado por 142 senadores y para el que ha habido tres abstenciones.

   Esta moción, defendida por el socialista José Manuel Franco, y para la que no se presentaron enmiendas, fue presentada en garantía del cumplimiento íntegro de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, norma que fue reformada en 2023 por la Ley Orgánica 1/2023. En esta última, precisamente, se incluyó la creación del citado registro.

   No obstante, tras el rechazo de la moción, Franco ha anunciado que "el Gobierno de España incluso va a llevar al Congreso una proposición para que este derecho se blinde en la Constitución, para que ningún Gobierno de derechas atente contra este derecho de las mujeres ganado a pulso".

    "Estamos defendiendo que se cumpla la ley, no pedimos nada, que se cumpla la ley y que se cumplan también las resoluciones", ha manifestado, en relación con la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por la que se ordena al Ejecutivo madrileño a iniciar los trámites para crear el Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE).

NO ACATAR LA DECISIÓN DEL TSJM, "EL COLMO DE LOS INCUMPLIMIENTOS"

   A su juicio, en la Administración liderada por Isabel Díaz Ayuso "ya no hacen caso ni a las decisiones judiciales", lo que es "el colmo de los incumplimientos". "El derecho de la mujer a decidir libremente sobre su sexualidad y capacidad reproductiva es un derecho humano reconocido , entre otros, por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", ha subrayado.

   "Siempre hemos sido los socialistas los que hemos luchado por los derechos de la mujer", ha asegurado, citando la llamada "ley de supuestos", de 1985, ya que "hasta entonces era un delito abortar"; la referida norma aprobada en 2010, conocida como "ley de plazos"; y la reforma de esta última, llevada a cabo hace tres años. Las dos primeras fueron recurridas por los 'populares' ante el Tribunal Constitucional, mientras que la tercera lo fue por VOX, ya que "Feijóo no se atreve".

   Ahora, según Franco, el objetivo es "programar adecuadamente los abortos" y "que no pase como hasta ahora", que "las que no tienen dinero tienen que abortar a veces en condiciones infrahumanas". "Madrid es la única comunidad que no tiene registro", ha subrayado, al tiempo que ha indicado que sí lo ha dispuesto para "objetores en eutanasia".

   "Este registro es bueno para los profesionales, les ofrece garantías", ha añadido, tras lo que ha explicado que el objetor de conciencia "no se va a ver obligado a realizar ningún tipo de intervención en esta dirección". Díaz Ayuso "dice que no quiere crear listas negras, cuando esta lista es confidencial", ha asegurado.

   "Cumplan la ley, cumplan las sentencias" y "no pasen de la deslealtad institucional a la insumisión institucional", ha reclamado a los senadores del Partido Popular (PP), subrayando que se está llegando también "a la rebeldía ante una decisión judicial". "Incluso su propia portavoz en el Congreso, la señora Esther Muñoz, les invita a que cumplan la ley", ha indicado, para agregar que este tipo de comportamientos políticos "igual tienen que ver con una hipotética privatización de una parte de la Sanidad".

EL PP RECUERDA QUE LA OBJECIÓN ES "UN DERECHO FUNDAMENTAL"

   Todo ello ha sido rechazado por el senador del Grupo Parlamentario Popular, Enrique Ruiz Escudero, quien ha afirmado que, "bajo la apariencia de ser técnica", esta moción "vuelve a introducir un debate profundamente ideológico". "La objeción no es ni un privilegio ni una concesión administrativa, es un derecho fundamental" que está recogido "en la Constitución", ha declarado.

    Los profesionales sanitarios "tienen derecho a actuar conforme a su conciencia y a no declarar su ideología o sus creencias", por lo que "es realmente preocupante que este Gobierno radical y, en este caso, el Partido Socialista pretendan convertir el ejercicio de la objeción de conciencia en un trámite burocrático sometido a registro", ha continuado, subrayando que "la conciencia no se registra y la conciencia se respeta, que es lo mínimo que deben de hacer".

   A juicio del exconsejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid, este registro "ni mejora la organización sanitaria, ni aporta garantías asistenciales adicionales y tampoco resuelve ningún problema clínico", mientras que lo que sí hace es "identificar profesionales que objetan". Ello abre la puerta "al señalamiento y a la estigmatización", lamenta.

   En cuanto al hecho de que la madrileña sea la única región que no ha acato la ley, ha explicado que "muchas de ellas han puesto en marcha el registro no por convicción", sino "por un imperativo legal". Madrid no lo ha implantado "no por falta de compromiso con la legalidad, sino por una convicción de defensa de un derecho que es absolutamente fundamental para nuestros profesionales", ha manifestado.

   Además, ha expuesto que, desde el Gobierno, no se ha presentado "ni una sola propuesta para reducir los embarazos no deseados". "El sistema sanitario se sostiene gracias a miles de profesionales que trabajan cada día con vocación y compromiso", por lo que "lo mínimo que merecen por parte de ustedes es respeto, algo que no tienen", ha declarado.

VOX RECHAZA "SEÑALAR Y CONDICIONAR" A LOS PROFESIONALES

   En el debate de esta propuesta ha participado también la senador de VOX, Paloma Gómez Enríquez, que ha mostrado su oposición a la misma, ya que el objetivo es "señalar y condicionar a quien, por motivos morales, se niega a la práctica del aborto". "El PSOE está del lado de la cultura de la muerte", ha enfatizado.

   Favorables a la misma se han mostrado la miembro del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, Clara Delgado, que se ha referido al hecho de que Díaz Ayuso no acate la decisión del TSJM, y es que "la bromita le puede costar la inhabilitación"; y la representante del Grupo Parlamentario Vasco, Nerea Ahedo, que ha subrayado que el registro en cuestión, que es "confidencial" y "garantiza la protección de datos", es "fundamental para una gestión de recursos humanos que permita garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo en la Sanidad Pública".

    Por último, la miembro del Grupo Parlamentario Plural, María Carmen Da Silva, ha manifestado que la moción "solicita una obviedad, el cumplimiento de la ley, algo que no debería tener que someterse a votación"; mientras que la integrante del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, Olaia Duarte, ha denunciado situaciones de "hace unos años", en las que "había mujeres que tenían que desplazarse hasta 600 kilómetros de una comunidad a otra para poder realizar este tipo de intervenciones médicas".