MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Senado aprobó este miércoles por unanimidad de todos los grupos una moción, presentada inicialmente por el senador del PSOE por Murcia, Francisco Abellán, en la que instan al Gobierno a garantizar el acceso al Sistema Nacional de Salud (SNS) a todos los enfermos de fibromialgia y del síndrome de fatiga crónica en situación de igualdad con el resto de pacientes y, del mismo modo, se adapten sus puestos de trabajo a las condiciones físicas que presentan dichos enfermos.
Para ello, según recoge el texto inicialmente propuesto por el Grupo Socialista, al que tuvo acceso Europa Press, se pide que se promuevan, de acuerdo con las comunidades autónomas, las líneas de atención, asesoramiento y apoyo a los trabajadores y trabajadoras con fibromialgia a través de la negociación colectiva y de la elaboración de planes de igualdad.
La transaccional aprobada pide también al Ejecutivo que colabore con las administraciones autonómicas en la puesta en marcha de los procedimientos necesarios para conocer la incidencia y prevalencia de estos síndromes y a difundir las mejores prácticas que se efectúan en el tratamiento de la fibromialgia y el síndrome de la fatiga crónica.
Igualmente, pide elaborar un documento que incorpore avances sobre tratamiento y diagnóstico de estas patologías, con la promoción consensuada de protocolos de diagnóstico, tratamiento e incapacidad y coordinados con especialistas, que una vez terminado deberá ser presentado ante la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Alta.
Para el senador socialista por Murcia y alcalde de Jumilla, Francisco Abellán, promotor de la moción inicial, "los enfermos de fibromialgia y de síndrome de fatiga crónica son personas que sufren enfermedades que causan dolor y fatiga crónica persistentes que afectan a sus vidas en el ámbito personal, familiar, social y profesional".
Por ello, es necesario "garantizar la equidad del sistema en todas las comunidades autónomas" mediante protocolos únicos de diagnóstico, tratamiento, prevención, así como garantizar la investigación pública y el fomento de la investigación privada para mejorar los tratamientos y prevenir las enfermedades.
