MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Sanidad y Consumo del Senado ha dado luz verde este jueves al dictamen del proyecto de Ley General de Salud Pública, tal y como llegó desde el Congreso de los Diputados, después de que no se haya aprobado ninguna de las 126 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios en la Cámara Alta.
El dictamen ha sido aprobado por todos los grupos salvo por el PP, que se abstuvo en la votación, aunque las enmiendas y el propio texto serán nuevamente debatidos la próxima semana en el pleno, donde se le dará el visto bueno definitivo para que regrese al Congreso a superar su último trámite legislativo antes de su publicación en el BOE.
Por otro lado, y según ha explicado el senador de la Entesa Catalana de Progres y presidente de dicha Comisión, Josep María Esquerdá, el rechazo masivo de todas las enmiendas ha sido fruto de un acuerdo entre todos los grupos para poder analizar con calma todas las propuestas --ya que el plazo para presentar enmiendas ha acabado este miércoles-- y aprobar las que consideren oportunas en el pleno.
Una de las principales novedades que introduce esta ley es que reconoce el derecho a la asistencia sanitaria pública de todos los ciudadanos mediante la universalización del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que actualmente hay cerca de 200.000 personas que por diferentes motivos permanecen fuera de la sanidad pública en España.
En concreto, la ley extenderá el derecho a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en territorio nacional a los que no se les reconoce en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico, es decir, a parados que ya han agotado la prestación o el subsidio de desempleo y a determinados colectivos, como abogados o arquitectos.
En el caso de los parados, la ley establece que la extensión de este derecho sea efectiva a partir del 1 de enero de 2012 y, para el resto de colectivo, que se haga de forma paulatina antes de que acabe dicho año.
Además, la ley también establece la creación de una cartera de servicios básica y común en el ámbito de la salud pública, con un conjunto de programas y actuaciones que incluyen un calendario vacunal único y una oferta, también única, de cribados poblacionales.
De igual modo, también permitirá la creación de un Centro Estatal de Salud, que se encargará del asesoramiento técnico en materia de salud pública y la evaluación de intervenciones en salud pública en el ámbito de la Administración General del Estado; y de una Red de Vigilancia de Salud Pública, que incluirá entre sus sistemas el de alerta precoz y respuesta rápida.
En cambio, el texto no incluye de momento la regulación de la profesión sanitaria de Psicólogo General Sanitario, tal y como avanzó esta semana la propia ministra de Sanidad, Leire Pajín.
Este aspecto responde a una enmienda de la Entesa que previsiblemente iba a ser apoyada por el resto de grupos. Sin embargo, en la reunión de este jueves no ha sido aprobada y deberá esperar a la votación en pleno.
