MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (SEFAC) demanda que las iniciativas autonómicas para realizar test de antígenos frente al Covid en las farmacias comunitarias estén
coordinados con la Administración, que cumplan los protocolos de seguridad y que sean sostenibles.
Consideraa positivo que varias comunidades autónomas hayan decidido dar un paso adelante para contar con las farmacias comunitarias y sus profesionales en la lucha contra la pandemia de COVID-19 mediante su participación en programas para la detección precoz del SARS-CoV-2 mediante test de antígenos.
No obstante, observa que existe mucha disparidad entre las distintas iniciativas autonómicas, ya que cuentan con planteamientos muy distintos en muchos casos. Ante este escenario, "y de acuerdo con los principios que inspiran el anteproyecto de ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del sistema nacional de salud", SEFAC quiere manifestar que sería deseable una mayor homogeneidad en las distintas iniciativas en las que se quiere contar con la colaboración de las farmacias comunitarias en la detección de COVID-19 mediante los test de antígenos para beneficiar así al conjunto de los ciudadanos.
Para ello se debería ser "imprescindible" que estos programas se lleven a cabo en el marco de una colaboración con las autoridades sanitarias, de este modo se garantiza que la notificación y certificación de los resultados permita el control epidemiológico de los distintos casos, su seguimiento y trazabilidad.
Asimismo, "es necesario que los farmacéuticos participantes dispongan y apliquen protocolos para garantizar que los test se realizan correctamente, son usados por personas que los necesitan y los resultados son válidos".
Finalmente, el servicio que se presta, "que va mucho más allá de dispensar el test (cuyo precio ha sido recientemente regulado), debe ser sostenible en el tiempo, de modo que el farmacéutico comunitario pueda mantener esta prestación de manera continuada". Así, recuerdan que la utilización de EPI, el tiempo destinado, la notificación de resultados y la generación de certificados e informes conllevan un gasto en recursos propios de la farmacia y deben ser financiados.
En caso de no estar concertada la financiación de un servicio farmacéutico por la Administración mediante convenio o incluida cuando haya una prescripción del test, "la farmacia comunitaria tiene derecho a ser retribuida por la prestación del servicio, siempre previa información al paciente del importe de la misma y tras recabar de este último su consentimiento informado".
