MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato de Enfermería (Satse) ha solicitado una normativa específica que proteja a los profesionales de amenazas o coacciones que sufren durante su práctica clínica diaria ya que, a su juicio, la medida del Gobierno de reforma del Cógigo Penal para luchar contra estas agresiones, en vigor desde este miércoles, es "insuficiente".
Y es que, según el último informe oficial desde 2008 hasta 2012, 9.296 enfermeros denunciaron agresiones. No obstante, sólo se denuncian un 11 por ciento de las agresiones sufridas, por lo que la cifra total de profesionales agredidos estaría, a juicio del sindicato, cercana a los 82.000. Además, 8 de cada 10 enfermeras han sufrido en algún momento una agresión verbal o física.
En este sentido, Satse ha reconocido que la nueva reforma del Código Penal va a tener consecuencias "muy positivas" porque establece la presión de veracidad a favor del profesional cuando hay discrepancias y ayudará a paliar los miedos para denunciar y ocultar el problema.
Además, al dejar las agresiones de ser consideradas faltas y pasar a ser delitos, considera que se sensibilizará a los usuarios sobre la gravedad de la acción por la consecuencias que implica, propiciando un "clima de respeto y confianza absolutamente necesario" para el desarrollo de una relación terapéutica eficaz, añade.
CONDUCTAS LESIVAS Y "MUY HABITUALES"
No obstante, el sindicato ha insistido que esta modificación normativa contempla las agresiones físicas o el oponer resistencia e intimidar de manera grave o violenta, pero no atiende otras conductas, "también lesivas y muy habituales" en el ámbito sanitario, como las injurias, las amenazas o las coacciones.
Por ello, la organización sindical ha abundado en la necesidad de una normativa específica que proteja a los profesionales sanitarios de este tipo de conductas sin que sea necesario acudir al ordenamiento penal o esperar a que se consuma una agresión grave.
De hecho, ha abogado por una ley que garantice la adecuada protección y asistencia jurídica de los sanitarios, así como la cobertura de su responsabilidad civil en relación con los hechos que se derivan de su ejercicio profesional, tanto dentro como fuera del centro sanitario.
También, ha defendido se regule la adopción de medidas cautelares o provisionales en el centro sanitario como consecuencia de una conducta de este tipo contra un profesional. Finalmente, ha pedido introducir como sujeto del delito al empleado público, con el objetivo de que todas las personas que trabajen para la Administración estén protegidas ante las agresiones.
