MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -
Transcurridos cerca de tres años desde la entrada en vigor del Real Decreto de prescripción enfermera, el Gobierno ha llevado a cabo la necesaria regulación para acreditar a las enfermeras que trabajan en Ceuta y Melilla y que dependen, por tanto, del INGESA, pero aún no lo ha hecho para el resto de profesionales dependientes de la Administración General del Estado, según el Sindicato de Enfermería, Satse, que relama su regulación a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
En esta situación se encuentran los profesional de enfermería que trabajan en las prisiones, en Sanidad Exterior, el IMSERSO o en los diferentes ministerios.Un colectivo que supera los 1.500 profesionales en el conjunto del Estado, según estimaciones de SATSE.
En una carta remitida a la titular de Hacienda y Función Pública, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, le recuerda que resulta necesaria la previa acreditación de los enfermeros y enfermeras, tanto de los responsables de cuidados generales como de los cuidados especializados, como así establece el Real Decreto que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos sujetos y no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios de uso humano.
En este sentido, el Sindicato de Enfermería subraya que la acreditación de las enfermeras y enfermeros, así como la regulación del procedimiento correspondiente, se ha producido ya en todas las comunidades autónomas, con la excepción de La Rioja, pero aún es una clara "asignatura pendiente" para el Gobierno estatal en lo concerniente a sus profesionales.
"El hecho de que las enfermeras y enfermeros dependientes del Estado no estén acreditados aún para indicar, utilizar y autorizar la dispensación de fármacos, como las vacunas, por ejemplo, supone en la práctica que cualquier persona debe tener antes una necesaria prescripción clínica lo que conlleva más lentitud, burocracia e ineficacia", apunta.
La organización sindical confía en que el Gobierno no demore más la regulación necesaria para acreditar una actuación asistencial que realizan las enfermeras y enfermeros de forma habitual y que supone un claro beneficio en la atención y cuidados que estos profesionales sanitarios prestan a los pacientes y al conjunto de la ciudadanía.
