MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El sindicato de Enfermería (Satse) ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cumpla la "palabra dada" cuando estaba en la oposición y propicie el traspaso de los servicios sanitarios dependientes de Instituciones Penitenciarias a los gobiernos autonómicos de cara a su plena integración en sus respectivos servicios de salud.
Y es que, tal y como ha recordado, el PSOE demandó en distintas ocasiones al Ejecutivo de Mariano Rajoy que hiciese efectivo el mandato contenido en la disposición adicional sexta de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y que debería haberse llevado a cabo en un plazo de 18 meses desde la entrada en vigor de esta norma, es decir, el 1 de diciembre de 2004.
La última de las ocasiones, ha apuntado el sindicato, fue cuando el PSOE presentó una proposición no de ley aprobada en el Congreso, el pasado 20 de febrero de 2018, por la que se instaba al Gobierno a acordar con las diferentes comunidades autónomas el traspaso y una financiación suficiente para prestar la atención sanitaria a la población reclusa.
"Los socialistas, ahora responsables de los ministerios de Sanidad e Interior, tienen en su mano acabar con una injusticia que lleva manteniéndose desde muchos años y que está dificultando mantener una asistencia sanitaria en condiciones homologables a la que reciben el resto de los ciudadanos a través de los servicios autonómicos de salud, así como las condiciones laborales de las enfermeras y enfermeros que trabajan en las prisiones", han señalado desde la organización sindical.
Por ello, el sindicato ha esperado que en una próxima reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se acuerde iniciar el proceso de transferencia y su financiación correspondiente entre el Gobierno y las comunidades autónomas, y que éste se culmine "pronto" para lograr la "equidad y normalización" de la prestación sanitaria a las personas privadas de libertad.
En la actualidad coexisten dos sistemas sanitarios públicos que, tal y como ha advertido el sindicato, están desarrollando sus funciones de forma "paralela, duplicando, en ocasiones, recursos, y que no mantienen unos canales de comunicación y coordinación adecuados".
Además, prosigue, en lo que respecta a las condiciones laborales de las enfermeras y enfermeros que trabajan en las prisiones de España, Satse ha defendido que, una vez sea transferido el personal a las comunidades autónomas, éste se convierta en personal estatutario del servicio de salud correspondiente, con la consiguiente equiparación salarial y laboral.
A partir de ese momento, tal y como ha detallado, se negociarán sus condiciones laborales y derechos en los mismos ámbitos que el resto del personal estatutario. "Salvo en las comunidades autónomas de País Vasco y Cataluña, las enfermeras y enfermeros, así como el resto de profesionales sanitarios, que trabajan en los centros penitenciarios españoles, siguen dependiendo del Gobierno, concretamente del Ministerio del Interior", ha zanjado.
