MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha pedido la intermediación de los consejeros de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas para que se agilice la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente por los beneficios, no solo sanitarios y sociales, sino también económicos, que tendrá su puesta en marcha para el conjunto de nuestro sistema sanitario.
Tras dirigirse por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados, el presidente de SATSE, Manuel Cascos, ha solicitado a las CCAA que la Proposición de Ley de Seguridad del Paciente no siga "encallada" en la Comisión de Sanidad, al no haberse presentado aún las enmiendas parciales seis meses después de ser respaldada de manera mayoritaria (312 votos a favor y solo 10 en contra) en el Pleno del Parlamento.
Además de subrayar los incuestionables beneficios que tendrá la nueva Ley en la atención sanitaria y cuidados que se presta a los pacientes y al conjunto de la ciudadanía, el presidente de SATSE traslada a los responsables sanitarios de las diferentes autonomías que el retorno económico que conlleva esta norma compensa la inversión que requiere su aplicación (50-60 euros por habitante al año).
SATSE concluye que se produce, por un lado, un retorno directo de aproximadamente 1.600 millones de euros, y, por otro, un impacto en salud que puede producir una reducción del gasto de más de 4.300 millones de euros anuales, es decir, por cada euro invertido se recuperan directa e indirectamente más de 1,6 euros.
A todo ello, apunta el Sindicato, "habría que añadir el positivo efecto económico de la aplicación de la Ley de Seguridad del Paciente en la generación de empleo estable y de calidad dentro del Sistema Nacional de Salud y su repercusión en la economía y en lo que respecta a la generación de riqueza para el tejido social del conjunto del Estado".
