El sindicato expresa su "hartazgo" ante Sanidad, que "lleva casi un año de brazos caídos"
MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería Satse ha advertido del "grave conflicto asistencial" que se podría producir en los centros de salud de toda España durante la próxima campaña de vacunación de la gripe, debido a la
"incapacidad" del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social para aprobar y llevar al Consejo de Ministros la modificación consensuada del Real Decreto de prescripción enfermera.
Según informa el sindicato a través de un comunicado, el presidente de Satse, Manuel Cascos, se ha dirigido por carta a la nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, sobre este asunto, antes las "largas que sigue dando el Ministerio".
"Ojalá nos equivoquemos pero dudamos de que Sanidad sea capaz de resolver la aprobación del nuevo Real Decreto de prescripción enfermera antes del inicio de las campañas de vacunación, con lo que se podría perder una oportunidad inmejorable de dar por zanjado un problema que viene arrastrándose desde hace años", reiteran desde la organización sindical.
Además, Satse ha anunciado que está estudiando poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado y sus homónimas de las comunidades autónomas la situación, al considerar que los servicios de salud "pueden llegar a obligar a los enfermeros, de hecho y no de derecho, a cometer un presunto delito que, en el caso de tener consecuencias negativas para los pacientes tras poner una vacuna de la gripe sin prescripción médica, dejaría al profesional en una clara situación de indefensión absoluta y con un posible rechazo del seguro de responsabilidad civil para hacerse cargo de una indemnización por daños o secuelas al paciente, que pudieran ser incluso irreversibles".
El sindicato recuerda que, tras la entrada en vigor en 2015 del actual Real Decreto de prescripción enfermera, los enfermeros necesitan contar con el diagnóstico e indicación previa del médico y de manera individualizada por cada paciente para poder administrar las vacunas. "Una situación que complica mucho la labor de los profesionales y pone en riesgo su seguridad, y que conlleva un grave conflicto asistencial con la consiguiente peor atención al ciudadano (colapsos, retrasos o esperas)", apunta el presidente de Satse.
"HARTOS DEL MINISTERIO DE SANIDAD"
Por ello, Satse, al igual que ha realizado en distintas ocasiones de manera conjunta con el Consejo General de Enfermería, vuelve a reclamar al Ministerio de Sanidad que "agilice" la tramitación pendiente, para que la modificación del Real Decreto 954/2015 de prescripción enfermera se publique en el BOE "antes del inicio de la campaña de la gripe".
"Estamos hartos de que el Ministerio de Sanidad se mantenga en una postura de brazos caídos y de la espalda a la seguridad y derechos de los pacientes y profesionales, mostrando su insolvencia política para legislar y protegerlos", añaden.
En octubre de 2017, el Foro Profesional, integrado por el Ministerio de Sanidad, las profesiones enfermera y médica y representantes de las comunidades autónomas, acordó modificar el actual Real Decreto de prescripción enfermera, incluyendo expresamente que, en el ámbito de las vacunas, los enfermeros no precisarán ya de un diagnóstico previo del médico para que se realice la correspondiente indicación y administración a cada ciudadano.
Una vez se modifique la norma con el nuevo texto consensuado entre todas las partes, los enfermeros podrán indicar y administrar de manera autónoma las vacunas, y lo harán "con la seguridad jurídica que garantiza que nadie podrá denunciarles por haber incurrido en un presunto delito de intrusismo profesional, además de tener preservada su responsabilidad civil y profesional", asevera Manuel Cascos.
Por último, Satse asegura que su asesoría jurídica está elaborando un
documento para que, con carácter individual, cada enfermero de los centros de salud de todo el país se dirija al cargo directivo responsable de su centro de trabajo declinando en él toda la responsabilidad ante cualquier deficiencia o problema asistencial que se pudiera producir como consecuencia de "ser obligado a administrar una vacuna sin cumplir la normativa vigente y, por tanto, no disponer del diagnóstico y prescripción previa del médico".