MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha expresado su hartazgo ante la "inacción" e "indiferencia" de las Administraciones sanitarias frente a las agresiones a profesionales de centros sanitarios, que ha aseverado que generan una "permanente sensación de miedo e intranquilidad" entre los trabajadores.
"Las agresiones verbales o físicas no deberían formar parte del trabajo de las enfermeras y fisioterapeutas. Las Administraciones, como empleadores, tienen la obligación de velar por garantizar la seguridad de sus trabajadores", ha insistido la organización sindical en un comunicado.
En este sentido, ha enfatizado la nueva cifra récord de sanitarios agredidos en 2024, según los datos recogidos por el Ministerio de Sanidad. En total, se registraron 17.163 agresiones, un 12 por ciento más que en 2023 y cerca del 80 por ciento de afectados fueron mujeres. Sucesivas encuestas realizadas por SATSE concluyen que ocho de cada 10 enfermeras han sufrido algún tipo de agresión durante su trayectoria profesional.
Para poner fin a este problema "grave y recurrente", el sindicato ha demandado "medidas eficaces", entre las que destacan la presencia permanente de personal de seguridad en los centros sanitarios, que asegura que "no existe ni en todos los centros ni en todos los horarios", y la instalación de un dispositivo de alarma que el profesional pueda usar en caso de entender que puede ser víctima de una agresión.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS: CORRESPONSABLES
SATSE ha denunciado que, tanto las Administraciones públicas como las empresas sanitarias privadas, son "corresponsables" a la hora de no acabar con este grave problema. "Por un lado, no ponen los medios y recursos necesarios para evitar el malestar e insatisfacción de pacientes y familiares que desencadena, en ocasiones, una agresión", ha detallado.
Por otro lado, la organización ha criticado la falta de un marco regulatorio estatal que posibilite la puesta en marcha de todo tipo de actuaciones en materia de prevención, información, sensibilización y atención a las víctimas. "El objetivo es que cualquier profesional, independientemente del centro y territorio en el que trabaje, tenga los mismos recursos, derechos y garantías", ha precisado.
Ante esta situación, SATSE elaboró y trasladó a administraciones y partidos políticos una propuesta de Ley estatal, con más de 50 medidas, que ha sido ya debatida y rechazada, en dos ocasiones, en el Congreso de los Diputados. "Una norma que no ha salido adelante por motivos partidistas que se resumen en oponerse por oponerse al adversario político", ha lamentado.
DENUNCIAR LA AGRESIÓN
Desde la organización mantienen una campaña permanente de información y sensibilización bajo el lema 'La agresión no es solución' y han insistido en la importancia de que los profesionales que sean víctima de una agresión lo denuncien para que el paciente o familiar agresor responda antes las autoridades por sus actos.
"Es fundamental visibilizar el problema y alzar nuestra voz cada vez que se produce una agresión como una medida también de presión para que las administraciones y empresas sanitarias no minusvaloren una realidad que dinamita la columna vertebral de nuestro sistema, como son sus profesionales", ha finalizado.
