MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado ante el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) que las autoridades sanitarias españolas "hicieron caso omiso" durante seis semanas a sus sucesivas recomendaciones sobre el Covid-19, y no se adoptaron las medidas necesarias para evitar la grave situación que sufre nuestro país, que ya suma más de 177.600 contagios, de los que más de 27.500 son de profesionales sanitarios.
En el escrito de denuncia remitido por el presidente de Satse, Manuel Cascos, a esta agencia de la Unión Europea (UE) encargada de la defensa de Europa contra las enfermedades infecciosas, la organización sindical recuerda que, desde finales del pasado mes de enero, el ECDC alertó al Estado español de que el riesgo de transmisión del coronavirus era muy alto.
"Desde ese momento, y en sucesivos informes, esta agencia de la Unión Europea continuó haciendo recomendaciones para evitar colapsos en los sistemas de salud de los diferentes países del viejo continente, así como medidas para frenar la propagación del coronavirus, respecto de las cuales el Gobierno español hizo 'oídos sordos'", critican en un comunicado.
Entre otras, el 2 de marzo recomendó a los Estados miembros la adopción de medidas de distanciamiento social individual para evitar el contagio de esta grave enfermedad y, pese a ello, se siguieron autorizando manifestaciones y concentraciones multitudinarias, así como eventos deportivos, culturales y políticos, con una afluencia de miles de personas.
"La advertencia era meridiana, pero, pese a conocerla, el Gobierno de España no se anticipó a una realidad que es hoy ya desoladora. La pandemia se ha cobrado la vida de miles de personas y también de profesionales sanitarios que estaban en primera línea en la lucha contra esta grave enfermedad", afirman desde la organización sindical.
La organización sindical también insiste en que se ha producido un "claro incumplimiento" de numerosas normativas y directivas europeas, así como legislación española, en materia de prevención de riesgos laborales por parte del Estado español, al no evitar que los trabajadores sanitarios ejerzan su labor desprotegidos contra la Covid-19.
