MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermeria (SATSE) ha denunciado que la implantación y desarrollo del proceso de acreditación de la carrera profesional para los enfermeros y fisioterapeutas de nuestro país se está realizando a "distintas velocidades" en función de la comunidad autónoma, lo que "conlleva una situación de discriminación e inequidad que perjudica claramente a estos profesionales sanitarios".
A través de un comunicado, SATSE reivindica que el conjunto de enfermeros y fisioterapeutas que trabajan en nuestro país "tienen el mismo derecho, sin excepción, a avanzar de forma individualizada como reconocimiento a su desarrollo profesional". "Un avance en base a sus conocimientos y experiencia en tareas asistenciales, investigación y formación, entre otras, o en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la propia administración", añaden al respecto.
Asimismo, el Sindicato de Enfermería demanda que se posibilite "cuanto antes" la aplicación de la carrera profesional al personal temporal en el conjunto del Estado, ya que "en algunas comunidades autónomas solo se establece para el personal fijo pese a haber ya distintos fallos judiciales que dan la razón a la organización sindical".
En este sentido, la organización sindical destaca la necesidad de incluir a todas los enfermeros y fisioterapeutas, ya sean fijos o temporales, en el sistema de carrera profesional y posibilitar así su "acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad independientemente de la comunidad autónoma en la que presten su atención y cuidados a los pacientes y al conjunto de la población".
"Es totalmente injusto, incoherente y discriminatorio que unos profesionales sí puedan acceder a este derecho laboral, y constatar así que su esfuerzo y dedicación son reconocidos, mientras que otros no pueden por el simple hecho de trabajar en una u otra autonomía cuando todos lo merecen al cumplir los mismos requisitos establecidos por la propia administración", apunta el Sindicato de Enfermería.
Por último, SATSE reitera que, después de más de 18 meses de trabajo ininterrumpido para cuidar, ayudar y evitar, en todo lo posible, las consecuencias de la pandemia de COVID-19, "ha llegado el momento de que el conjunto de administraciones públicas reconozcan a estos profesionales sanitarios como se merecen a través del desarrollo justo e igualitario de un derecho laboral acordado hace años y que se vio paralizado y/o ralentizado por razones meramente económicas".
