MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que el "bloqueo" en la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente forma parte de "una estrategia general de desinversión en la sanidad pública por parte del Gobierno, representado por el Ministerio de Sanidad".
"Así se constata también en la ridícula cantidad de dinero de los fondos europeos que ha decidido destinar a nuestro sistema sanitario y que se sitúa en el puesto 19 de entre las 20 inversiones prioritarias para reconstruir nuestro país tras la grave crisis sanitaria y social que sufrimos desde hace dos años", han lamentado a través de un comunicado.
Después de más de un año de retraso en la tramitación de la Ley de Seguridad del Paciente, SATSE tiene "cada vez más claro" que el "bloqueo" que sufre responde a "una política general del Ministerio de Sanidad y del Gobierno en su conjunto, de abandonar a su suerte a la sanidad pública y sus profesionales mientras que sí se favorecen otros ámbitos de gestión en base a intereses políticos y partidistas".
En este sentido, el Sindicato de Enfermería recuerda que garantizar una asignación adecuada y segura de pacientes por cada enfermero en los centros sanitarios y sociosanitarios conlleva "solo una inversión presupuestaria de no más de 60 euros por habitante al año".
"Un gasto absolutamente insignificante si se compara con los beneficios que supone para la salud de las personas y el funcionamiento del sistema, al evitar las complicaciones, riesgos y fallecimientos en cualquier proceso asistencial, así como los reingresos y el incremento del tiempo en las estancias hospitalarias", apostillan.
SATSE critica que, de los 70.000 millones de euros que recibirá España hasta 2023 desde Europa, tan sólo 1.069 millones de euros se dedicarán a reforzar la Sanidad, el 1,5 por ciento del total, y que de este montante general "no se destina nada a reforzar y mejorar las plantillas de profesionales".
En concreto, el total de las inversiones contempladas para Sanidad se encuentra "muy por debajo de lo contemplado para movilidad sostenible y ayudas a compra de coches eléctricos, a los que se dedicarán 13 veces más; la rehabilitación de viviendas con ayudas a instalación de techos solares, cerca de siete veces más, o a la preservación del litoral y la biodiversidad en playas y arenales, el doble".
"Es absolutamente rechazable que se puedan argumentar costes económicos para no abordar iniciativas vitales como garantizar la seguridad asistencial en los centros sanitarios y sociosanitarios del conjunto del Estado cuando no se está queriendo utilizar el dinero procedente de la Unión Europea para mejorar nuestra sanidad y se ha optado por destinarlo a algunos intereses más o menos cuestionables", señala la organización sindical.
