VALENCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a la Conselleria de Sanidad a indemnizar con 15.000 euros a una paciente a la que tardaron tres años en diagnosticar el tipo de diabetes que padecía. Esta mujer, sin embargo, se queja de que no se le diagnosticó a tiempo un problema de riñón y otro de hígado que sufría, que se vieron agravados por los tratamientos que se le recetaron, y que estos medicamentos que le mandaron podrían haber originado el tipo de diabetes que finalmente se le detectó.
La paciente, Amparo L., señaló a Europa Press TV que ha padecido unos "errores de diagnóstico bastante sangrantes" cuando su cuerpo "avisaba de todo", y que los diferentes facultativos que la trataron "no se daban cuenta" de su situación prescribiéndole tratamientos no correctos. Lamentó que la sentencia se base sólo en el tratamiento y seguimiento de la diabetes, no en la falta de diagnóstico de problemas hepáticos y renales, y comentó que la indemnización recibida no sufraga "ni un 10 por ciento" de lo que ha tenido que desembolsar en la clínica privada donde finalmente le detectaron el problema en el riñón.
Además, indicó que le han "destrozado" la vida y que durante varios años tanto ella como su familia lo han pasado muy mal. Ha perdido dinero, el trabajo y ha sufrido mucho moralmente, comentó. "He quedado como una loca ante la sociedad", señaló, al tiempo que recordó cómo la despidieron del trabajo, tras varias bajas, "porque no podía hacer frente" al mismo. Lamentó también que por su condición de minusválida no pueda tener un seguro privado.
El TSJCV, con esta resolución, estima parcialmente el recurso interpuesto por la afectada contra la resolución inicial del conseller, que fijó una indemnización de 300 euros. La paciente, de 54 años, en el momento de la reclamación, presentó un recurso contra la decisión del conseller de rechazar que hubiera una relación de causalidad entre la preescripción de corticoides y el error de diagnóstico y la diabetes que padecía, y la indemnización que fijó en 300 euros.
La mujer pedía 180.303 euros de indemnización por la prescripción del fármaco y subsidiariamente 48.706 como valoración del daño por el tiempo de tratamiento con mala adaptación. Sin embargo, la administración rechazaba esta relación de causalidad ya que, según dos dictámenes médicos emitidos en este caso, "en ningún caso" la diabetes padecida por la paciente era secundaria a la administración en 1994 de antiinflamatorios, por lo que no era lógico considerarla como una secuela.
Amparo llevaba una "vida normal" hasta que comenzó a sentir un "dolor continuo" en el costado izquierdo en 1994, por lo que decidió acudir al médico, donde le diagnosticaron un pinzamiento lumbar "y empezaron a ponerme cortisona". Sin embargo, su estado de salud no mejoraba, continuaba el dolor y sufría vómitos y vértigos. En octubre de 1995 en una revisión médica en el trabajo le comunicaron que era diabética del tipo II.
CONTRAINDICACIÓN
En este sentido, Amparo manifestó que el fármaco recetado para atacar el dolor en el costado, según consta en su prospecto, está contraindicado en caso de diabetes y que incluso podría "provocar" esta enfermedad si estaba latente. "En mi caso no sé si estaba latente o ha sido inducida por no habérseme solucionado a tiempo un problema de riñón y otro de hígado", indicó, al tiempo que lamentó que la sentencia diga que su diabetes estaba latente, ya que ella, dijo, no tiene antecedentes familiares al respecto y nunca antes había tenido azúcar. En su caso, dijo, es una diabetes provocada "por tantos tratamientos indiscriminados que iban en contra de los problemas que mi cuerpo tenía".
Pero tras el diagnóstico de la diabetes Amparo tampoco mejoró. "No aceptaba la insulina, ni los antidiabéticos orales; vomitaba, tenía cólicos insistentes y me quedé con 37 kilos, pero nadie me hacía caso", dijo. Un día, relató, su hermana la encontró inconsciente en el suelo de su casa, por lo que la trasladaron a la Casa de la Salud, un hospital privado cercano a su residencia, donde le diagnosticaron una obstrucción en el riñón, un stop uretral y le colocaron un catéter doble que funcionó "estupendamente" y con el que notó una mejoría "inminente".
Posteriormente, Amparo reclamó la devolución de los gastos ocasionados por la instalación del catéter en el hospital privado, al considerar que "si en su momento se hubiera atendido por la Seguridad Social" y le hubieran detectado el problema renal, se lo hubieran colocado en el sistema público. A Amparo le denegaron la devolución de estos gastos, dijo, al considerar que "no había urgencia vital ni gravedad en el caso".
Amparo considera que no debe de ser difícil diagnosticar el problema renal, sobre todo cuando ella vomitaba "y la diabetes, si no se tiene acetona, no produce vómitos". Reconoció que su obstrucción era debida a una sustancia orgánica y no mineral y que por eso no aparecía en las ecografías. "Todo muy complicado, pero es que nadie se preocupó en sí en descubrirlo", precisó.
La paciente, tras su mejoría con el catéter, siguió siendo tratatada de su diabetes en el Hospital Clínico, de carácter público, donde le recetaron unas pastillas--Glucopage-- que abandonó porque no le sentaban bien. Esto provocó que fuera enviada al psiquiatra "porque me decían que no hacía caso" y que "tenía la psiquis débil".
HEPATITIS C
Posteriormente le volvieron a recetar estas pastillas--retiradas ya de las farmacias--, manifestó, pero al segundo día la descubrieron sin conocimiento en casa y la trasladaron al hospital en coma. En el centro médico le anunciaron que era portadora del virus de la hepatitis C. Al respecto, señaló que las pastillas que le recetaron para la diabetes "atacaban el hígado" y estaban contraindicadas para su problema hepático.
Al "ignorar" este problema, dijo, la "masacraron" con los tratamientos y pasó momentos "muy duros". Ha sido "pura y dura supervivencia", manifestó.
Amparo ante lo que considera "errores de diagnóstico sangrantes" acudió al servicio de inspección sanitaria y al Servicio Valenciano de Salud (SERVASA) para dar parte de estas "anomalías" y, posteriormente, decidió recurrir a los tribunales, aunque no está conforme con la sentencia emitida por el TSJC que "se basa sólo en el tratamiento y seguimiento de la diabetes que dicen que es latente".
Además, denunció, la sentencia está descafeinada, en ella no aparecen fechas ni el carácter privado del hospital donde le diagnosticaron el problema renal, ni figura el tratamiento con Glucopage prescrito por los facultativos y que le provocaron el coma.
En la sentencia, la sala ha decidido dar la razón a la administración porque otorga mayor credibilidad a sus informes que los de la demandante, ya que sostiene que están "suficientemente razonados" y provienen de personal facultativo "con mayor especialización".
