MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
Actualmente hay en España 56 medicamentos que ya están autorizados pero que aún no se comercializan al estar pendientes de que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad concluya su estudio fármaco-económico y emita una resolución sobre su financiación por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Así lo ha confirmado el departamento de Ana Mato en una respuesta parlamentaria escrita del PSOE, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que no obstante argumentan que todos los expedientes iniciados están en plazo para emitir una resolución.
El diputado socialista José Martínez Olmos registró el pasado mes de febrero una pregunta en el Congreso para que Sanidad informara de los medicamentos que están pendientes de fijación de precio para su incorporación a la cartera de servicios del SNS, después de que diferentes sociedades científicas y asociaciones de pacientes hayan alertado de retrasos a la hora de poder acceder a nuevas terapias.
Sanidad no ha querido dar detalles sobre los expedientes actualmente en estudio ya que su contenido "es confidencial", pero insisten en que todos están en plazo.
Actualmente, los expedientes administrativos iniciados de oficio tienen un plazo de 180 días, con posibilidad de ampliación de plazo para resolver de 90 días más por petición de información complementaria necesaria, y 60 días prorrogables más por acumulación de expedientes.
Asimismo, los expedientes iniciados a instancia de parte, disponen de un plazo de resolución de 90 días, ampliable a 90 días más por petición de información complementaria necesaria y 60 días prorrogables más por acumulación de expedientes.
Durante este periodo de análisis, Sanidad evalúa la utilidad terapéutica del medicamento y el grado de innovación del mismo.
Además, se tienen en cuenta la gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías para las que resulten indicados, necesidades específicas de ciertos colectivos, valor terapéutico y social del medicamento y beneficio incremental del mismo teniendo en cuenta su relación coste-efectividad, racionalización del gasto público destinado a prestación farmacéutica e impacto presupuestario en el SNS, existencia de medicamentos u otras alternativas para las mismas afecciones a menor precio o inferior coste de tratamiento y el grado de innovación del medicamento.
La reforma sanitaria de Mato estableció también que en la evaluación del coste-efectividad de los nuevos medicamentos se tendría en cuenta su impacto presupuestario para el SNS y, en coherencia con los objetivos de política económica, la consideración de la contribución al PIB de nuestro país.
