La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de la campaña de interrupción voluntaria del embarazo, en el Ministerio de Sanidad, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press
MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este martes que su departamento ha enviado un requerimiento formal a la Comunidad de Madrid para que "declare la nulidad" de supuestos documentos de confidencialidad que se "ha hecho firmar" a algunos profesionales sanitarios a raíz de la presunta alteración de listas de espera denunciada en el Hospital Universitario Ramón y Cajal.
"Hemos conocido que hospitales públicos de la Comunidad de Madrid han remitido a sus profesionales compromisos de confidencialidad absoluta. Estos documentos les dicen 'cuidado con lo que cuentas'. Estos documentos llegan a advertir literalmente de que incumplirlo puede dar lugar a responsabilidades disciplinarias, administrativas o penales", ha detallado para aseverar que esto "se llama coacción".
García ha tildado estos documentos de "barbaridad" para explicar que "una cosa es proteger los datos de los pacientes", algo que debe hacerse "siempre", y "otra muy distinta" es "usar la confidencialidad como amenaza para tapar lo que pasa dentro de un hospital". "La sanidad pública no puede funcionar con miedo", ha señalado.
"No puede ser que los posibles denunciantes de irregularidades, de supuestos fraudes o de cambio de listas, manipulación de listas, sean los que sean señalados, como ha señalado la Comunidad de Madrid, como ha señalado tanto la consejera Fátima Matute como la presidenta de la Comunidad", ha apuntado.
Según ha explicado, mediante estos supuestos documentos, la Comunidad de Madrid se está saltando "nuevamente" una ley, en este caso, la Ley 2/2003, que protege a quienes informan de infracciones e irregularidades. García ha precisado que el artículo 36 de la norma prohíbe las represalias, incluidos el ataque reputacional, el acoso, el ostracismo, el insulto y el señalamiento.
"La Comunidad de Madrid no solamente está invitando, a través de un documento coaccionador, a los profesionales a que no denuncien, sino que a quienes denuncian les está señalando y eso está prohibido por ley", ha apuntado para señalar que la reacción del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la información sobre el Hospital Ramón y Cajal ha sido "investigar al médico que lo ha denunciado".
"Los profesionales sanitarios no son súbditos, no trabajan en ningún cortijo. Y si alguien tiene conocimiento de alguna irregularidad, tiene el derecho a denunciarlo con protección y tiene el derecho también a no ser amenazado. Y en este Ministerio, por supuesto, vamos a trabajar para que se eliminen, en este caso en la Comunidad de Madrid, todas las mordazas que existan", ha finalizado.
