MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
La campaña 'No es sano' realizó durante el año 2022 varias peticiones al Ministerio de Sanidad para que informase sobre el precio real de varios medicamentos y su impacto en el sistema sanitario nacional y, tras denegarse esta información, el Consejo de Transparencia ha fallado en favor de 'No es sano' instando a Sanidad a compartir la información solicitada, pero el Ministerio ha recurrido la decisión del Consejo ante los tribunales.
'No es sano', que realiza acciones para aplicar transparencia en el proceso de aprobación y financiación de nuevos medicamentos y terapias por parte del Sistema Nacional de Salud (SNS), solicitó al Ministerio de Sanidad la información sobre el precio real y el impacto en el sistema sanitario nacional de los medicamentos lanadelumab ('Takhzyro'), un fármaco para una enfermedad rara hereditaria y remdesivir ('Veklury'), un fármaco contra la Covid-19.
En el mes de mayo, Sanidad dictó resolución negándose a proporcionar estos datos alegando que los precios de estos medicamentos son "confidenciales" en base al acuerdo con las farmacéutias Takeda y Gilead Sciences, proveedoras de lanadelumab y remdesivir respectivamente. Tras dar audiencia a ambas farmacéuticas, el Ministerio ha denegado el acceso a los datos invocanco la concurrencia de los límites que se preeven en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIBG).
"La entrega de la información solicitada supondría un claro perjuicio para los intereses económicos y comerciales del laboratorio farmacéutico, así como para la protección del secreto profesional y de la propiedad intelectual e industrial, por lo que procede la limitación del derecho de acceso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.1 de la LTAIBG", han explicado desde el Ministerio.
La solicitud de información no solo reclama el acceso al precio
notificado al incluir a 'Takhzyro', que ya es público, sino acceso al "precio que finalmente financiará el SNS" (PVL), incluyendo cualquier acuerdo que la farmacéutica pueda haber pactado con el Ministerio de Sanidad más allá del precio de financiación del medicamento.
Actualmente la fijación de precios es una competencia propia de cada estado miembro de la Unión Europea y la financiación pública de medicamentos se realiza a través de negociaciones con el proveedor. La confidencialidad es lo que permite que cada país de la UE consiga el mejor precio posible en función de sus circunstancias.
En este sentido, Sanidad ha argumentado que mantener esta información en secreto permite "lograr que los productos estén disponibles a un precio razonable, algo que sería inviable si no se garantizase a la empresa la confidencialidad absoluta, respaldada por una norma con rango de ley". Además, aseguran que la revelación de la información solicitada "implicaría un perjuicio para España constituyendo una desventaja negociadora a la hora de conseguir precios más competitivos".
Tras estos hechos, el Consejo de la Transparencia ha fallado a favor de 'No es Sano' en ambos casos ('Takhzyro' y 'Veklury'), instando al Ministerio a compartir la información solicitada.
"Este Consejo no aprecia la concurrencia de los límites al derecho de acceso a la información invocados, por lo que procede estimar la presente reclamación a fin de que se proporcione a la reclamante la información relativa al precio final del medicamento abonado por el SNS", asegura en su respuesta, en la que da un plazo de 10 días al Ejecutivo para entregar la información. Esta respuesta se produjo el 19 de enero de 2023.
Tras esta petición, el Ministerio no ha proporcionado la información y ha recurrido a los tribunales, interponiendo dos recursos contenciosos administrativos a la decisión favorable del Consejo de la Transparencia para que la ciudadanía tenga acceso a esta información. 'No es Sano' se ha personado en esta causa a través de dos de sus organizaciones promotoras, la Fundación Salud por Derecho y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
La campaña defiende que, al tratarse de fármacos pagados por la ciudadanía, debe prevalecer siempre el interés público por encima de los intereses comerciales de las empresas. Por ello, consideran que debe conocerse cuál ha sido el impacto presupuestario que ha tenido cada uno de los medicamentos para las arcas públicas, también como un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia.
"No habrá precios justos y asequibles mientras no haya negociaciones justas y las negociaciones justas no son posibles mientras no haya transparencia", asegura en su escrito 'No es Sano'.
