MADRID, 26 Abr. (OTR/PRESS) -
El aceite de girasol, entre paréntesis. El Ministerio de Sanidad y Consumo lanzó ayer un llamamiento a la población para evitar el consumo de este producto, después de que se hayan detectado partidas contaminadas con aceites minerales en importaciones procedentes de Ucrania. Sin embargo, el Gobierno mantiene que "no hay riesgo para la salud", una postura que para la organización de consumidores FACUA es cuanto menos "contradictoria".
El Ministerio de Sanidad y Consumo dio la alarma a través de escueto comunicado, en el que llamó a la calma pero también a la cautela. Por ello, tras haber detectado hidrocarburos alifáticos en aceites producidos en Ucrania y distribuidos a la mayoría de países de la Unión Europea, entre ellos España, Sanidad recomendó no consumir aceite de girasol, aunque ya se tenga en el domicilio, hasta que se aclaren las marcas afectadas. "Aunque hay análisis que constatan que parte de la mercancía importada no está contaminada, por el principio de precaución, se está tratando todo el producto como sospechoso hasta que se tenga la absoluta certeza de qué cargamentos están libres de contaminación", explicó la nota.
No obstante, las autoridades confirmaron que "no hay riesgo para la salud", ya que los procesos de refinado y dilución del aceite sitúan la contaminación en "niveles mínimos". Para tratar de aclarar la situación, la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) y miembros del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino iniciaron inmediatamente contactos con las empresas importadoras de aceite de girasol. Según la información recabada, la gran mayoría del aceite potencialmente contaminado está fuera de la cadena alimentaria o en fase de retirada antes de su comercialización.
CONTRADICCIÓN
La doble lectura del comunicado de Sanidad no dejó indiferente a FACUA-Consumidores en Acción, que calificó la postura del Gobierno de "contradictoria". En este sentido, el portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, dijo no entender cómo si el Ministerio dice que no hay peligro para las personas también recomienda que no se consuma el producto. Para Sánchez, esta actitud en realidad representa que "hay posibilidad de que exista un nivel de riesgo para la salud de los usuarios".
FACUA reclamó también la participación de los consumidores en las reuniones informativas, porque, a juicio de Sánchez, también tienen "derecho a saber". De esta forma, criticó que el Ejecutivo "no tiene en cuenta las obligaciones de contar con la sociedad civil para desarrollar políticas de consumo y salud" y ,de hecho, lleva "muchos años sin dar la talla en materia de participación ciudadana".
