MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha denunciado que "los hospitales privados pagarán la minoración de ingresos de las eléctricas tras el Real Decreto-Ley (RDL) 17/2021, de 14 de septiembre, definido por el Gobierno como 'plan de choque para rebajar el precio de la electricidad'", pese a tener blindadas por contrato sus tarifas con estas compañías.
Según ASPE, el plan se traduce, desde el 15 de septiembre en una "factura complementaria emitida por las eléctricas" que triplicará el precio de tarifa previamente negociado, al sumar, a la tarifa negociada ya existente, la minoración aproximada de 80 euros por megavatio/hora que la nueva normativa establece para la generación eléctrica sin emisiones de efecto invernadero. "Es decir, las grandes eléctricas pretenden trasladar el coste íntegro del RDL al sector hospitalario", critica la patronal de la sanidad privada.
Tal y como explican desde ASPE, gran parte de los contratos de los hospitales firmados con las grandes compañías eléctricas, como la comercializadora Iberdrola, son negociados con antelación a su entrada en vigor, a precios fijos y por plazos que suelen ser de un año.
"En 2020, muchos de estos contratos de los operadores hospitalarios privados se negociaron para todo 2021 en el entorno de los 40 euros/MWh, precisamente para evitar la posible inestabilidad del mercado, mucho antes de las subidas que el mercado está sufriendo en estos momentos", recuerdan desde ASPE.
Sin embargo, insisten, tras el RDL 17/21, con la imposición del impuesto a la generación de tecnologías que no utilizan el gas como medio de producción, y sin que los contratos establecidos a precios fijos en el período de aplicación del RDL salgan de la minoración, "el sector hospitalario se ve gravemente dañado con un sobrecoste que las eléctricas pretenden repercutir íntegramente y que se vería reflejado desde este mes de octubre, cuando las empresas comercializadoras facturen un sobrecoste inasumible".
Al respecto, el presidente de ASPE, Carlos Rus, ha declarado que la patronal de la sanidad privada rechaza "de plano" que las grandes eléctricas se escuden en el RDL para trasladar a los hospitales "una carga fiscal que en absoluto les corresponde asumir".
Así, añade que el espíritu del RDL es reducir los elevados precios que ponen en riesgo la competitividad de la economía y minorar los beneficios de las eléctricas que puedan resultar excesivos, pero "no es en ningún caso repercutir esos impuestos al tejido productivo y de servicios", afirma Rus.
"Por ello, nos unimos a otras muchas otras voces empresariales y reclamamos que los contratos fijados con anterioridad a la escalada de precios del mercado eléctrico, a tarifa fija, para el período de vigencia de la minoración que decreta el RDL e independientemente de la comercializadora con que se hayan firmado, queden excluidos de forma clara de la aplicación de este RDL", reclama Rus.
Así, concluye indicando que esta situación pone "en dificultad extrema" la competitividad de nuestras empresas por tres razones. "La inestabilidad regulatoria afecta de lleno a la seguridad jurídica de los contratos ya establecidos; nuestro sector no puede compartir ese sobrecoste con el usuario; y salimos de un bache económico muy relevante", advierte el presidente de ASPE.
En base a los contratos de varios operadores hospitalarios, ASPE ha calculado el sobrecoste que el sector tendrá que asumir forzosamente por el posible cambio unilateral de las condiciones de los contratos fijados con las grandes eléctricas.
La tarifa pasa del entorno de los 40 a los 120 euros por megavatio/hora. Supondrá una factura complementaria al mes a la ya acordada de 7,5 millones de euros (90 millones de euros al año) para el sector de la provisión sanitaria privada. Eso equivaldría, con respecto a la facturación anual de todo el sector, incluyendo clínicas sin internamiento, de un 1,3 por ciento de su cifra de negocios agregada.
Las eléctricas han enviado cartas a los operadores con contratos fijos para informarles que "esta circunstancia extraordinaria, imprevisible y sobrevenida hace insostenible su continuidad en las condiciones económicas aplicadas y, dado ese desequilibrio insostenible, el aumento es la única posibilidad para mantener el contrato en el periodo afectado".
Frente a esta posición de fuerza por la que se guían las compañías eléctricas, ASPE solicitará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que esta situación se corrija modificando el RDL, para que se tenga en cuenta toda la casuística y que aplique sólo realmente a aquella energía que se esté vendiendo en el mercado a precios muy superiores a sus costes reales.
"Las eléctricas no deben trasladar el efecto del RDL a los hospitales, que blindaron por contrato sus tarifas en previsión, precisamente, de eventuales alteraciones del mercado", recalca el presidente de ASPE.
