MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), perteneciente al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, enviará a la Fiscalía General del Estado (FGE) toda la documentación remitida por las comunidades autónomas sobre los pacientes afectados por el cierre de las clínicas de iDental para que investigue si existe ilícito penal.
Así se acordó este jueves en la Comisión de Cooperación de Consumo convocada por el Ministerio, que estuvo presidida por la directora ejecutiva de la AECOSAN, Marta García Pérez, y que contó con la presencia de los directores generales de las autonomías con competencias en consumo.
La reunión tenía como finalidad analizar las medidas adoptadas por las autoridades de consumo por el cierre de las clínicas iDental y, así, "adoptar una estrategia coordinada" en torno a tres puntos. El primero de ellos, el envío a la Fiscalía de los documentos que las propias comunidades autónomas han recabado sobre los afectados.
En segunda instancia, las autoridades de consumo de las CCAA se comprometieron a "continuar informando y asesorando a los pacientes afectados por el cese de actividad de iDental".
Por último, se acordó recordar a las entidades financieras y no financieras que "dejen de seguir cobrando los créditos vinculados a los pacientes a los que iDental ha interrumpido los tratamientos", en virtud de lo dispuesto en la Ley de Contratos de Créditos al Consumo.
