Sanidad dice que las CCAA podrán reclamar el coste de la atención a los 'sin papeles' si luego regularizan su situación

Médico Atendiendo A Inmigrantes
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 31 agosto 2012 14:52

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha asegurado que el coste de la asistencia sanitaria de los inmigrantes irregulares y el resto de ciudadanos que a partir de septiembre sean atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y no dispongan de tarjeta sanitaria quedará registrado, por lo que las comunidades les podrán reclamar que lo paguen si en un futuro consiguen regularizar su situación.

"Son medidas disuasorias", según han asegurado fuentes del departamento de Ana Mato consultadas por Europa Press, que recuerdan que con el nuevo sistema de aseguramiento que entra en vigor este sábado el SNS sólo se cubre la asistencia sanitaria de personas sin tarjeta sanitaria en urgencias, cuando tengan una enfermedad transmisible o crónica (si ya estaban siendo atendidos antes del 31 de agosto), en caso de embarazo o a los menores de 18 años.

En el resto de casos, Sanidad insiste en que "en la sanidad pública nunca te van a pedir dinero previamente a atenderte". Pero una vez atendido, y en caso de no tener una tarjeta sanitaria, al paciente se le hará una factura con lo que ha costado su atención, que se le pasará a sus país de origen en caso de que tenga firmado algún convenio de colaboración bilateral con España.

De lo contrario, el paciente puede declararse sin recursos "y no estará obligado a pagarla", han explicado las fuentes consultadas del Ministerio, que sin embargo advierten que quedará registrado lo que adeuda al SNS por su atención.

Así, aunque desde Sanidad aseguran que estos inmigrantes no pasan a ninguna lista de morosos, si ese ciudadano dentro de un año tiene trabajo y sigue viviendo en España y es legal, se le podrá reclamar dicha factura "como hace cualquier empresa".

Esta situación, sin embargo, no se dará en todas las comunidades ya que algunas, como Andalucía, País Vasco, Cataluña o Galicia, ya han anunciado que a partir de septiembre van a seguir haciéndose cargo de lo que cueste la atención de sus inmigrantes en situación irregular.