Corresponde a cada autonomía decidir cómo gestiona esta prestación sanitaria
MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que Baleares está en su derecho de establecer que las mujeres que deseen abortar en la sanidad pública tengan que abonar ellas mismas la factura antes de la intervención, pues la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo establece que deben ser las autonomías quienes se encarguen de decidir la forma de gestionar este servicio.
"El establecer o no el pago previo de la intervención por parte de la mujer es un asunto que compete a las comunidades autónomas, ellas son las encargadas de gestionar este servicio", han manifestado fuentes de Sanidad a Europa Press, recordando que, en este campo, Sanidad sólo está obligada "a velar por que se ofrezca la prestación" y "no entra a valorar los mecanismos de su gestión".
El Gobierno balear ha decidido que las mujeres de esta comunidad que necesiten abortar tengan que acudir a una de las tres clínicas privadas acreditadas en este territorio y pagar el coste de la intervención por adelantado, para después presentar la factura a los servicios autonómicos y recuperar su importe.
El director general del IB-Salut, Juan José Bestart, ha negado que, con esta determinación, el servicio público sanitario esté incumpliendo la Ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, pues el artículo 19 de la citada ley señala que esta prestación se realizará en centros de la red sanitaria pública o en centros vinculados a la misma.
Asimismo, Bestart ha explicado que el compromiso de "asumir directamente" el abono de la intervención no implica en modo alguno que el servicio público deba "anticipar" el pago de la factura de manera directa, sino que la puede asumir con posterioridad, una vez la persona intervenida la ha pagado por adelantado.
No obstante, ha puntualizado que primero se la tratará de atender a la paciente en un centro público y que, en caso de que el IB-Salut no pueda atender la intervención en tiempo, se le informará de que puede acudir al centro privado que elija y que después el servicio público le reembolsará el coste de la operación.
