SEVILLA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Sanidad declinó hoy entrar a valorar la propuesta lanzada por el Gobierno autonómico andaluz de que se permita seguir fumando en aquellos locales de ocio de más de cien metros cuadrados que emprendieron las pertinentes obras de separación para fumadores, una vez que el Ejecutivo central apruebe la modificación de la actual Ley Antitabaco y que, en la práctica, tendría que prohibir este hábito pernicioso en todos los espacios públicos cerrados.
Fuentes del ministerio del ramo consultadas por Europa Press enclavaron este debate a las aportaciones que los grupos parlamentarios habrán de hacer a la redacción que el Ejecutivo central presentará sobre la modificación de la actual Ley Antitabaco.
En cualquier caso, sostuvieron que el espíritu que su departamento pretende llevar a cabo con esta modificación persigue precisamente entre otros puntos el de "unificar" la prohibición de fumar en todas las comunidades autónomas, en referencia a la disparidad que existe actualmente, y según la comunidad de residencia, a la hora de aplicar la actual norma estatal en aspectos como las separaciones físicas en los locales de más de cien metros cuadrados que quieren habilitar zonas de fumadores.
El Gobierno andaluz anunció hoy que tiene intención de plantear al Ministerio de Sanidad, ante la modificación normativa que se plantea relativa a la prohibición de fumar en todos los locales de ocio, que sí se permita hacerlo en aquellos establecimientos que se adaptaron en su momento a la actual Ley antitabaco, esto es, los que disponen de zonas específicas para fumadores.
Este anuncio ya ha provocado que sociedades científicas como la Asociación de Neumólogos del Sur (Neumosur) hayan advertido de los "peligros" que puede acarrear introducir este tipo de medidas.
Por ello, el presidente de esta entidad, Francisco Álvarez, confió hoy en declaraciones a Europa Press que el Ejecutivo central rechace finalmente la propuesta andaluza tras argumentar, entre otras consideraciones, que la salud pública de las personas "está por encima de cualquier parámetro economicista" y que "las medias tintas en este tipo de normas son la antesala de su incumplimiento".