MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad y los representantes de las Comunidades Autónomas reunidos este martes en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud han dado el visto bueno al Proyecto de Real Decreto de Troncalidad para su tramitación definitiva.
La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, encargado de la "planificación, diseño de programas de formación y modernización de los recursos humanos del Sistema Nacional de Salud" y de definir "los criterios básicos de evaluación de las competencias de los profesionales sanitarios", ha abordado en su reunión el informe del Consejo de Estado sobre este Proyecto de Real Decreto.
Así, tras haber realizado diversas modificaciones encaminadas a ajustar el texto a las alegaciones formuladas e introducir mejoras de técnica legislativa para clarificar algunos aspectos de esta norma, la Comisión ha dado el visto bueno al nuevo texto para su tramitación definitiva.
Igualmente, la Comisión ha abordado para su remisión al Consejo de Estado el Proyecto de Real Decreto de categorías y equivalencias, por el que se aprueba el catálogo homogéneo de equivalencias de las categorías profesionales del personal estatutario de los servicios de salud y el procedimiento para su actualización dentro del Sistema Nacional de Salud.
En un comunicado, Sanidad indica que será una herramienta que garantizará la movilidad geográfica y funcional de los más de 600.000 profesionales sanitarios del SNS. Este catálogo permitirá que este personal pueda acceder a plazas vacantes de otros servicios de salud diferentes de donde presten sus servicios, mejorando la calidad de la asistencia y haciendo efectiva la garantía de su movilidad en todo el territorio nacional.
Asimismo, ha sido informada del informe sobre estado de tramitación del Proyecto de Real Decreto de Diplomas de Acreditación y Acreditación Avanzada, que ahora será sometido a la información pública de entidades y organismos interesados y en cuya elaboración han sido consultada la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.
La regulación de los Diplomas de Acreditación y Acreditación Avanzada va a potenciar el reconocimiento de la formación continuada (la que se realiza una vez finalizado el grado y la formación sanitaria especializada) de los profesionales sanitarios titulados, permitiendo mejorar la calidad de su formación, potenciando la relación y coherencia de las actividades de formación continuada y configurando programas que fortalezcan recorridos ligados al puesto de trabajo.
Igualmente, se ha presentado, con carácter previo a su remisión al Consejo Interterritorial, el estudio de ámbito nacional sobre las agresiones a profesionales, que incluye una docena de recomendaciones para la posible solución de este problema social y en cuya elaboración han participado tanto las Comunidades Autónomas como los Colegios Profesionales, Sindicatos y Asociaciones de pacientes y usuarios.
DESARROLLO PROFESIONAL
La Comisión de Recursos Humanos ha debatido y aprobado también el último documento del Grupo de trabajo de Desarrollo Profesional, en el que se proponen tanto la metodología de evaluación a seguir como las particularidades e ítems a contemplar en el proceso de certificación y recertificación competencial de los profesionales sanitarios. Con posterioridad, se incorporarán sus principios básicos a una futura norma que regule esta materia.
Finalmente, en la reunión se ha aprobado un acuerdo interpretativo sobre diversos aspectos de la disposición adicional séptima de la Ley 33/2011 de Salud Pública, sobre Psicólogos en el ámbito asistencial.
Para garantizar el principio de seguridad jurídica y evitar los perjuicios que podrían generar interpretaciones diferentes sobre los requisitos personales de formación exigibles a los psicólogos se han adoptado criterios interpretativos respecto a los requisitos de formación exigibles a los licenciados graduados en Psicología para la autorización de unidades asistenciales o consultas de Psicología y respecto a los licenciados o graduados en Psicología que estuvieran desempeñando actividades sanitarias en Centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud, o concertados con él, para respetar los derechos adquiridos por estos profesionales.
