MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad asegura que no le consta que se haya producido "ninguna incidencia" durante el mes que lleva en vigor el Real Decreto por el que se deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes que están en situación irregular en España.
"Al Ministerio no ha llegado ninguna incidencia por parte de ninguna comunidad autónoma ni de ninguna organización profesional sobre este aspecto", han recalcado a Europa Press fuentes del departamento dirigido Ana Mato, a pesar de que con este Real Decreto, aprobado en Consejo de Ministros a primeros de agosto, sólo se garantiza a este colectivo la asistencia de urgencia, por enfermedad o accidente, la atención por enfermedades transmisibles, en el embarazo, parto y postparto y la asistencia sanitaria completa si son menores de 18 años.
En los mismos términos se ha referido el presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendin, quien además ha explicado que los profesionales sanitarios "siguen haciendo su vida normal" y, de este modo, siguen atendiendo a los pacientes.
"La medida también se ha aclarado un poco más" y, ahora, "tiene una connotación menos dramática", ha señalado el representante de la OMC, para quien la asistencia española a inmigrantes es "de las más generosas de Europa".
En cuanto a los servicios de Urgencias, a los que corresponde desde el 1 de septiembre absorber gran parte de la asistencia que se debe de dejar de prestar en Atención Primara, desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y Emergencia (SEMES), destacan no tener constancia de "incidencias graves".
Su presidente Tomás Toranzo asegura que, un mes después de la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, a falta de conseguir datos oficiales, "no se ha visto una incidencia grave" en los servicios de Urgencia, en parte, según señala, porque la medida ha quedado "un poco descafeinada", al no ser llevada a cabo por todas las comunidades autónomas.
"No hay datos oficiales, tenemos estimaciones de lo que nos cuentan los distintos servicios. No se ha visto una incidencia grande", insiste a Europa Press el representante de SEMES, quien aclara que, al quedar "un poco descafeinada la medida", "los inmigrantes están yendo por los conductos normales y, de momento, no ha habido grandes problemas". "Era previsible, salvo en algunos servicios de salud que se están tomando a rajatabla", apostilla.
No obstante, Toranzo considera que aún es pronto para emitir una postura definitiva, pues los meses de verano son "difíciles de valorar", al haber más tiempo libre y al aumentar la incidencia. Por ello, considera que la verdadera situación se conocerá pasados unos meses, "en una situación de normalidad".
El presidente de SEMES recuerda también que la sociedad a la que representa está en contra de que, cuando se toma una medida de este tipo, el Ministerio no tengan en cuenta las alternativas ni los grupos que se verán afectados por su decisión.
PRONTO PARA "VER LOS EFECTOS"
No obstante, desde a Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) se esperan consecuencias por la implantación de esta medida que afecta a más de 153.000 inmigrantes que están en situación irregular en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
El portavoz de la FDASP, Marciano Sánchez Bayle, ha asegurado a Europa Press que todavía es "pronto" para comprobar los efectos sanitarios que está provocando la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales, aunque ha avisado de que ya se han producido casos en los que no se les ha atendido.
"De manera general, los efectos de la medida van a tardar más tiempo en producirse", ha señalado, al tiempo que recalca que hasta el momento está habiendo una aplicación "bastante laxa" de esta medida. No obstante, ha advertido de que a la larga sí se van a comprobar los efectos negativos de la normativa y ha criticado al Gobierno de Mariano Rajoy por poner en marcha una ley que está siendo aplicada "de manera diferente" entre las comunidades autónomas y que, además, es una "barbaridad".
Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, ha vaticinado que, la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes en situación irregular, generará "un problema de salud pública", pues habrá enfermedades "que serán más difíciles de controlar".
En la actualidad, 2.200 médicos forman parte de la red de objetores de conciencia, puesta en marcha por Médicos del Mundo y Amnistía Internacional. "No entendemos cómo se ha podido retirar la tarjeta sanitaria a las personas que están más excluidas", recalca Basora a Europa Press.
Entre los posibles problemas, asegura, se producirá el colapso de los servicios de Urgencia, un lugar que "no es el idóneo" para acudir a realizar ciertas consultas, y la reaparición de enfermedades que ya estaban controladas. "Ir a Urgencias es un sobrecoste para el Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha insistido.
En este sentido, ha aludido a los principios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el derecho que tienen todas las personas a recibir atención preventiva o medicamentos. "Es un problema humanitario. Nuestra ética profesional nos dice que no podemos dejar de atender a un paciente, pues es un abandono", ha recalcado este experto.
Por último, Basora ha recordado que esta medida no se aplica en casi 10 de las 17 comunidades autónomas. "Han tenido que hacer tantas excepciones que se ha podido convertir en 'papel mojado'", ha asegurado.
Este experto ha instado a cambiar la medida, pese que ha reconocido que los médicos van a seguir "atendiendo igual" a los pacientes. "La razón se impondrá y les atenderemos a estas personas se facture o no a un tercer país", ha insistido.
