MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha avanzado que su Ministerio adoptará "las decisiones jurídicas que mejor protejan la salud", tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de las medidas impuestas por Sanidad para el confinamiento perimetral de la capital y de otras nueve ciudades madrileñas, al entender que vulnera derechos fundamentales.
En su comparecencia este jueves en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados, el ministro se ha mostrado "seguro" de que la Comunidad de Madrid "coincidirá en este planteamiento". Por ello, ha anunciado que ha reclamado una reunión del Grupo COVID-19 entre Madrid y Sanidad para "esta misma tarde".
El ministro ha señalado que "el plan A, B y C es proteger la salud pública siempre basándose en las recomendaciones de los expertos". "Pensamos siempre en los enfermos, las familias, las personas y los sanitarios", ha apuntado, añadiendo que a Sanidad le "importa muy poco, es decir nada, cualquier otra cuestión que no sea la salud de los ciudadanos".
Illa ha resaltado que "las características propias de la Comunidad de Madrid, por densidad de población y movilidad, hacen necesario mantener la colaboración reforzada". Así, se ha puesto como objetivo "doblegar la curva" tanto en Madrid como en el resto de territorios de España. "No es suficiente con reducir el crecimiento y mantenernos en meseta, tenemos que doblegar la curva. Las medidas efectivas para controlar la pandemia no son los confinamientos individuales en casa, sino los confinamientos perimetrales como han demostrado distintas localidades", ha apuntado al respecto.
En este contexto, ha argumentado que, aunque el Ministerio de Sanidad tiene un "papel relevante en coordinación", son las comunidades "quienes adoptan las medidas de contención en esta fase". "Era necesario implementar medidas más estrictas en los territorios más afectados. Estas medidas incluyen, entre otras, restricciones en entrada y salida de los municipios, limitación a seis personas de las reuniones y limitaciones de aforo", ha recordado.
El TSJM ha denegado en un auto la ratificación de las medidas acordadas por Illa ya que considera que la fórmula jurídica utilizada "no contiene una habilitación legal para el establecimiento de medidas limitativas de derechos fundamentales". Por tanto, no se podrá multar a los que incumplan estas medidas que afectan a la movilidad y que se levantarán al no contar con la autorización judicial.
