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MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -
Salud por Derecho ha valorado de forma positiva varios de los aspectos contemplados en el Real Decreto que regula la evaluación de tecnologías sanitarias, aprobado este martes en Consejo de Ministros, pero ha considerado que el texto es "insuficiente" y que "la transparencia que promete queda a medias".
"Es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. Sin conocer la financiación indirecta, incluidos los beneficios fiscales, así como la duración efectiva de los periodos de monopolio, la transparencia que promete el decreto queda a medias y seguiremos negociando sin datos que son esenciales", ha señalado el responsable de Incidencia Política de la entidad, Jaime Manzano.
La nueva norma regulará cómo se evalúan medicamentos, productos sanitarios y otras tecnologías antes de su incorporación, financiación o reembolso en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El decreto adapta el marco español al Reglamento Europeo de ETS y establece una metodología común para informar las decisiones públicas sobre precio y financiación.
Salud por Derecho ha aplaudido que el texto incluya la obligación de que los desarrolladores aporten información sobre fuentes de financiación, así como sobre los costes de producción y desarrollo necesarios para los análisis económicos. "Valoramos que esta cláusula se haya conservado, ya que fue una demanda que defendimos durante la elaboración del borrador y consideramos imprescindible para contar con una imagen real del escenario sobre el que se toman las decisiones de precio y financiación", ha detallado.
Sin embargo, ha aseverado que, como viene alertando desde el inicio de su redacción, el planteamiento es "insuficiente" y, por ello, ha insistido en demandar un desarrollo exhaustivo que obligue a detallar, de forma clara y verificable, los incentivos fiscales recibidos, las subvenciones públicas de origen nacional e internacional y un desglose de costes por cada fase del desarrollo, desde la investigación básica hasta los estudios post comercialización.
A este respecto, ha señalado que, como se observa en Europa, el apoyo financiero indirecto, en particular los incentivos fiscales y los periodos de exclusividad, son "una de las principales políticas" para fomentar la inversión en investigación y desarrollo (I+D).
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la proporción de incentivos fiscales en relación con las asignaciones presupuestarias públicas globales para I+D en todos los sectores puede ascender a más del 30 por ciento en algunos países de la Unión Europea.
La información, además, debe desglosarse por fase para comprender las actuales cadenas de innovaciones y su dinamicidad, en los que las distintas fases tienen costes y riesgos diferentes, estando el sector público más presente en las fases de mayor riesgo.
Salud por Derecho también ha reclamado que los informes de evaluación incluyan información sobre los periodos de exclusividad de mercado, como patentes o protección de datos, dado que estos influyen directamente en la fijación de precios. A su juicio, saber el periodo efectivo de monopolio "es necesario" para hacer una evaluación del impacto económico y su proyección para los próximos años.
