BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Salud de la Generalitat catalana ha "amparado" que las enfermeras puedan vacunar después de que el Real Decreto (RD) de prescripción enfermera limitara su actividad a finales de 2015, ha informado este jueves el departamento en un comunicado.
La Dirección Profesional y Regulación Sanitaria de la Generalitat ha emitido una nota informativa para aclarar, entre los órganos directivos y los profesionales implicados, la interpretación del RD por parte del departamento, después de "las dudas generadas a raíz de la normativa estatal", según constata el texto.
El documento afirma que las actuaciones de las enfermeras en el ámbito de la vacunación "no vulneran lo que establece el Real Decreto" y remarca que no comprometen, en ningún caso, la cobertura plena de las pólizas de seguros por responsabilidad civil profesional que protegen a este colectivo.
Subraya que la vacunación responde a un objetivo de salud pública de reducir la incidencia y la prevalencia de enfermedades, lesiones y discapacidades en la población, "que se sustenta en una valoración por parte de expertos sobre requerimientos científicos y epidemiológicos, y se dirige a población sana".
"Se debe entender que las actividades de vacunación en el marco del calendario aprobado por la autoridad sanitaria no se sujetan a un diagnóstico previo y que la decisión de la autoridad sanitaria suple la prescripción facultativa", sin perjuicio de la necesaria valoración individual que debe hacer el profesional previamente a administrar la vacuna.
ACTIVIDAD VACUNAL
La nota recuerda que la actividad vacunal de la Conselleria de Salud se encuentra recogida en el Decreto 95/2014, que establece las pautas vacunales --tipo de vacuna, dosis y grupos de población-- indicadas por razones epidemiológicas, de acuerdo con recomendaciones del Consejo Asesor de Vacunaciones del departamento.
Salud también ha recordado que elaborará un decreto catalán que regulará la indicación autónoma y la prescripción colaborativa para "resolver la inseguridad jurídica" y eliminar cualquier ambigüedad en la actuación de este colectivo, además de señalar el recurso contencioso-administrativo que presentó ante el Tribunal Constitucional (TC).
