Advierten de que "si esto se lleva a efecto presentarán una plica para hacerse cargo de la gestión y dirección"
LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El comité de empresa de la Fundación Hospital de Calahorra (FHC) ha dado cuenta este viernes de la nueva forma jurídica que el Gobierno regional pretende dar a la Fundación Hospital de Calahorra a la que han calificado como una "venta", entendiendo como tal "su privatización definitiva u otro mecanismo jurídico que, bajo cualquier denominación, traslade la gestión de FHC a intereses empresariales privados".
La rueda informativa ha tenido lugar ante la fachada de FHC toda vez que "nos han prohibido desde gerencia que lo hiciésemos dentro en el local del comité" (sótanos del edificio) según han dicho Suso Junquera y Jesús Ramírez, representantes del comité de empresa.
En primer lugar han recordado los avatares organizativos de FHC desde el inicio de su actividad, hace más de diez años: "Desde que nacimos en el seno del antiguo INSALUD, han sido muchos, recurrentes y de muy diversa naturaleza los rumores que han circulado sobre este hospital y no han sido pocas las ocasiones en que, lamentablemente, fuimos objeto de controversia política, sobre todo en los primeros años, o utilizados como arma arrojadiza por unos o por otros".
Uno de esos "rumores recurrentes" a los que el comité hace referencia es el relativo a la posible "venta" del hospital.
Los convocantes ponen como ejemplo esa "recurrencia rumorológica" diciendo que el pasado 22 de diciembre y ante preguntas del comité de empresa, "el gerente de FHC negó taxativamente que nos fueran a 'vender'. Negó absolutamente que tuvieran, siquiera remotamente, esa intención".
Aseguran que, a pesar de ellos, a principios de este mismo mes de septiembre el rumor se hizo aún mas persistente sin que pudieran tener constancia de su certeza o falsedad por parte de las autoridades.
Así las cosas, dicen haber presentado formalmente, por escrito y a través del registro de entrada, hace ya mas de dos meses, una solicitud de reunión a la Dirección de FHC de la que, según dicen, aun no han obtenido respuesta alguna, "pese a que se trata de personas que diariamente están y trabajan en este mismo Hospital".
En cualquier caso, los representantes del comité de empresa dicen que "en un simple encuentro casual en la calle, la Gerencia de FHC, a diferencia de lo que sucedió el año pasado, no ha desmentido el rumor al que venimos haciendo referencia sino que, por el contrario, ha indicado, expresamente, que podían 'vendernos', integrarnos en el servicio Riojano de Salud o 'cerrarnos'".
Junquera y Ramírez han puntualizado que las expresiones coloquiales (vendernos-cerrarnos) no suelen ser técnicamente exactas y pueden ser objeto de variadas interpretaciones, pero de cualquier manera consideran que desde un punto de vista estrictamente jurídico "no es posible 'vender' FHC porque no somos de su propiedad".
No obstante creen que sí se podría "perfecta y fácilmente 'liquidar' FHC (en sentido técnico-jurídico) y entregar la prestación sanitaria especializada en las Zonas Básicas de Salud de Calahorra, Arnedo, Alfaro y Cervera del Río Alhama a una empresa o entidad mercantil".
Una alternativa viable para evitarlo sería la aparición de un "comprador" dispuesto a asumir FHC en las actuales condiciones, si bien -adelantándose a los acontecimientos- creen que hay muchas posibilidades de tal comprador exigiese una significativa 'aligeración' de plantilla, de costes salariales y una disminución de la cartera de servicios.
En la misma línea de lo futurible, el comité cree que sin duda intentarían apaciguar a la opinión pública "presentando ese desmantelamiento y 'venta' como un bondadoso ejemplo de colaboración publico-privada, añadiendo el segundo argumento de que la gestión iba a ser realizada por profesionales de la gestión sanitaria".
Sea como fuere, Junquera y Ramírez dicen tener razones fundadas para esperar alguna de estas acciones "porque han sido modificados los Estatutos de FHC en el sentido de permitir que la gestión y alta dirección puedan ser asumidas por personas jurídicas y no solo por personas físicas, como hasta la fecha era obligatorio". Sospechan que esa modificación se hizo el pasado mes de agosto.
El comité de empresa dice que la "venta", "concesión" o "arrendamiento" haría de las siglas de FHC "una cáscara vacía, igualmente financiada por el presupuesto público de manera que los políticos se quitan de en medio dejando a los técnicos las decisiones impopulares -como recortes y despidos- evitando así cualquier posible coste electoral".
Además creen que la empresa que "compre" la gestión de FHC "buscará lógicamente su beneficio y ese será, precisamente, el equivalente a los recortes que nos apliquen a nosotros y al servicio que se presta".
Para Junquera y Ramírez en la "venta" de FHC sólo falta un único tramite por cumplir: "El de la publicidad que, por imperativo legal deben dar a esa "Solicitud Pública de Ofertas" en el diario oficial correspondiente de manera que afortunadamente se impide realizar una adjudicación directa sin concurso previo".
Creen que este requisito es la única "pista definitiva" que les facilitaría conocer que la operación se está realizando, toda vez que según dicen hay "un secretismo absoluto en que se ha fraguado esta operación".
Dicen que la operación tiene "otras interesantísimas derivadas que por prudencia y seguridad de nuestras fuentes nos aconseja, por ahora, guardar silencio".
Para concretar, el comité de empresa ha elaborado un comunicado de cinco puntos en el que exigen, en primer lugar, un desmentido o una confirmación respecto de la "venta" de FHC, externalización de su gestión o el uso de cualquier otro mecanismo legal que pretenda un objetivo similar.
En segundo lugar, anuncian que los trabajadores de FHC concurrirán a esa Solicitud publica de Ofertas, como una empresa interesada más, al objeto de asumir la gestión de FHC a través de una persona jurídica propia cuya constitución dicen estar tramitando con urgencia.
Advierten además que su oferta económica no podrá ser igualada por ningún competidor, pues asumirían la dirección y gestión de FHC de forma absolutamente gratuita. Igualmente entienden que es imposible que empresa alguna pueda acreditar experiencia equiparable a la suya en el ámbito de la gestión sanitaria de FHC.
Como un oferente más, exigirán acceder a la documentación pertinente respecto de los estados financieros de FHC y una auditoria de gestión en el quinquenio precedente, sin perjuicio del control judicial de la adjudicación que finalmente se hiciese.
En tercer lugar, refiriéndose a los poderes políticos califican la posible "venta" de "cobarde dejación en la responsabilidad de gestionar los servicios públicos y un reconocimiento de su propia impericia e inutilidad para hacer aquello por lo que vienen cobrando sus sueldos".
También creen, según vienen a decir, que tales privatizaciones harían moralmente aceptable que una empresa gestionase las administraciones para prescindir de los políticos.
En cuarto lugar solicitan a todos los partidos políticos con presencia y representación en La Rioja, así como a los grupos parlamentarios que existen en la actualidad, que les dediquen un poco de su tiempo para hablar y reflexionar sobre FHC y la sanidad en La Rioja Baja.
Finalmente emplazan a todos los alcaldes y corporaciones municipales a hablar con el comité de empresa y buscar soluciones en interés de la salud de todos.
FHC tiene actualmente una plantilla estructural en torno a 450 personas, y un presupuesto global de PGE de 31 millones de euros, 4 menos que el año pasado.
En la actualidad los servicios privatizados de Fundación Hospital Calahorra privatizados son los de mantenimiento, cocina, laboratorio, limpieza y anestesia.
