MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional, Médicos del Mundo y Yo sí sanidad universal, junto a las organizaciones integradas en REDER, han solicitado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se reúne este jueves, que aborde los "fallos y ambigüedades" del Real Decreto Ley 7/2018 por el que se ha devuelto al universalidad al Sistema Nacional de Salud (SNS).
En concreto, las organizaciones han solicitado la adopción "urgente" de un reglamento que "clarifique en detalle" la norma para blindar el derecho a la salud, así como la creación de un mecanismo permanente de evaluación de la aplicación de esta norma, de modo que se eviten y corrijan prácticas de exclusión sanitaria en los distintos sistemas sanitarios autonómicos.
"El hecho de que el Congreso haya decidido tramitar el real decreto como proyecto de ley es una oportunidad para mejorar una norma que en su redacción actual queda lejos del pretendido fin de universalizar la atención sanitaria. El necesario periodo de tramitación no puede suponer la inacción del gobierno y de las comunidades autónomas para aplicar la normativa y evitar la desprotección a la que se están enfrentando muchas personas", han señalado.
En ese sentido, las organizaciones han avisado de que todavía se están viviendo situaciones de exclusión en el acceso a la salud, tal como consecuencia de que la norma se puede interpretar de manera "restrictiva", limitando ese acceso a las personas migrantes en situación administrativa irregular.
"Por ejemplo, y en relación con el requisito de tres meses de estancia en España: a pesar de que está destinado solo a personas con estancia temporal autorizada, podría dar lugar a interpretar que todas las personas necesitan tres meses de estancia en España antes de acceder a la atención sanitaria", han detallado.
FALLOS, AMBIGÜEDADES Y OBSTÁCULOS
Por otra parte, las organizaciones han comentado que el real decreto tampoco armoniza el procedimiento ni los requisitos para poder obtener la tarjeta sanitaria por parte de las comunidades autónomas y en consecuencia, cada una está interpretando de manera diferente esta nueva norma, manteniendo las respuestas dispares que estas adoptaron con respecto al anterior Real Decreto 16/2012.
"No debemos olvidar que venimos de una situación regresiva, ya que el anterior Real Decreto Ley dejó sin tarjeta sanitaria a más de 750.000 personas. Si la finalidad del Gobierno es conseguir que ninguna persona quede excluida de un derecho como es el acceso a la salud, este debe estar blindado", ha declarado la responsable del trabajo sobre Derechos Económicos Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España, Marta Mendiola.
Asimismo, las organizaciones han alertado de que no se han especificado en la ley las personas en situación de mayor vulnerabilidad que recibirán atención en cualquier circunstancia: mujeres embarazadas, menores de 18 años, víctimas de trata, personas solicitantes de protección internacional y personas que requieran atención de urgencias.
"La consecuencia de esto es que en algunas comunidades se han dado casos de exigencia de pago por atención sanitaria, por ejemplo, a menores de edad y mujeres embarazadas. Además, hay algunas autonomías que siguen exigiendo el empadronamiento como requisito, cuando el nuevo decreto no lo pide. Y el resultado es que se producen violaciones del derecho a la salud", han argumentado desde REDER.
Por su parte, la responsable de Incidencia Política en Médicos del Mundo, Eva Aguilera, ha lamentado que las "barreras administrativas" y la "ambigüedad en la ley" puede dar lugar a interpretar de manera "restrictiva la norma". "Cualquier obstáculo que presente esta norma debe ser abordado en la reunión del Consejo Interterritorial", ha insistido.
Algunos requisitos administrativos son, a juicio de las organizaciones, "especialmente preocupantes" como los que se exigen a personas migrantes en situación irregular que pueden encontrarse con dificultades para obtener determinados documentos. Por ello, han denunciado que se pida a algunas personas que regresen a sus países de origen para conseguir esa documentación, algo "obviamente inviable", especialmente para aquellas con menos recursos económicos.
"La exclusión también persiste para las personas que obtuvieron su permiso de residencia por ser padres y madres de ciudadanos comunitarios, y que siguen sin recibir la tarjeta sanitaria porque el Gobierno, a pesar de múltiples sentencias en contra, se niega a ordenar al Instituto Nacional de la Seguridad Social que cumpla la normativa y les facilite la cobertura sanitaria", ha zanjado la portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, Irene Rodríguez.
