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MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM) se han unido en un comunicado para rechazar el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento de financiación y fijación de precios de los medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.
"El proyecto de RD mezcla continuamente los conceptos de financiación pública y de precio industrial máximo de los medicamentos, sin que aplique criterios diferenciados para las decisiones de financiación y precio, lo que alimenta la confusión del proceso y sirve para consolidar los precios abusivos", advierten tran analizar el texto.
El RD asume la pretensión de la industria farmacéutica de fijar el precio de los medicamentos "no en base a su coste de fabricación y, en su caso, de investigación", sino en base a un concepto más "ambiguo y mucho más lucrativo" que señalan es "su valor, incluyendo el terapéutico, el industrial y el social, lo que ofrece un enorme margen de maniobra a la industria para lograr incrementos de precio de 10 y hasta 100 veces, tanto si se trata de medicamentos genéricos como innovadores".
"Según el nuevo sistema de precios notificados que establece el RD, cualquier medicamento que compremos en una farmacia con una receta que no sea del SNS nos lo cobrarán al precio notificado que haya decidido el laboratorio y que, por mandato del nuevo RD, tiene que ser obligatoriamente más caro", explican.
Para ambas organizaciones, "resulta difícil" justificar que el Sistema Nacional de Salud deba compartir buena parte de la información que genera mientras permanecen protegidos por la confidencialidad los aspectos económicos y comerciales más relevantes".
"La política farmacéutica debería servir para reforzar la capacidad del sistema público, no para aumentar la posición negociadora de quienes ya concentran un enorme poder económico y tecnológico", añade, al tiempo que consideran que el nuevo RD permite un abuso," por sobreprecio y sobre prescripción" que, a su juicio, "perjudican a la ciudadanía y a la sanidad pública", al detraer recursos al sistema sanitario que podrían destinarse a personal y a reducir las listas de espera, mejorando la calidad de atención.
