MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Real Decreto que excluye la cobertura sanitaria a los extranjeros en situación irregular ya está recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras su aprobación previa en el Consejo de Ministros del viernes. Con esta medida, la titular de la cartera de Sanidad, Ana Mato, estima que se frenará el turismo sanitario y que se obtendrá un ahorro de 1.000 millones de euros.
Así, y con la publicación en la edición del sábado del BOE de esta reforma, la medida por la que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud, queda oficializada. Con ella, asegura que se garantiza "la universalidad de la sanidad para todos los españoles y los extranjeros con residencia legal".
De esta forma, se consideran aseguradas las personas trabajadoras por cuenta ajena o por cuenta propia, afiliadas a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada a la de alta; los pensionistas; los perceptores de cualquier otra prestación periódica de la Seguridad Social como el subsidio por desempleo u otras de similar naturaleza; y los desempleados que hayan agotado su subsidio.
Además, se benefician de la cobertura las personas con nacionalidad española y que residan en territorio nacional, los extranjeros de algún Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de Suiza e inscritos en el Registro Central de Extranjeros, y los foráneos de cualquier otro país que sean titulares de una autorización para residir en territorio español.
Por último, se encuentran en condición de asegurados los menores de edad sujetos a tutela administrativa. Sin embargo, sí disfrutarán como beneficiarios, a pesar de nos ser personas aseguradas en principio, los cónyuge o excónyuges de personas asegurada y los descendientes o personas asimiladas a éstas.
EL MINISTERIO ASEGURA QUE SE GARANTIZA LA VIABILIDAD DEL SNS
Por estas razones, Mato considera que se ha dado "un paso de gigante" para ofrecer cobertura a la población y garantizar "un mayor control y transparencia", ya que se clarifica la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios. En concreto, sugiere que se obtiene solvencia, viabilidad y sostenibilidad en el futuro de la sanidad pública frente a las dificultades económicas.
Por otra parte, la tarjeta sanitaria que cada titular ostente "será interoperable en todos los servicios de salud del territorio nacional, y junto con la historia clínica digital, servirá de herramienta para que los profesionales sanitarios puedan acceder a los datos de un paciente aunque se traslade fuera de su autonomía de residencia". Gracias a ello, España "se adapta a la normativa europea y pone freno al turismo sanitario", aseguran fuentes del Ministerio.
En cuanto a los 1.000 millones que se estima ahorrar con la aplicación de estas medidas, éstos "redundarán en la mejora de la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria del SNS, que es el instrumento para compensar a las comunidades autónomas por la asistencia a extranjeros", subrayan desde la institución.
Sin embargo, el Real Decreto si contempla casos excepcionales en los que si se atenderá a ciudadanos extranjeros que se encuentren en situación irregular en España. Éstos son la atención de urgencia, por enfermedad o accidente; la atención en el embarazo, parto y postparto; y la asistencia sanitaria a menores de 18 años en ciudadanos en situación irregular. Gracias a ello, la cobertura ofrecida "se trata de una más amplia que la de la mayoría de los países europeos", concluyen desde el Ministerio.
