SAN SEBASTIAN, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El jefe de la Unidad de gestión Sanitaria del Hospital Alto Deba y coordinador de la Unidad de Investigación Interhospitalaria Gipuzkoa Oeste, Javier Mar, ha concluido un "pionero" estudio sobre la carga del daño cerebral adquirido (DCA) que muestra datos "relevantes" para la planificación de servicios socio sanitarios, como que su carga económica en el País Vasco y Navarra es de 382,14 millones de euros al año, y la media anual de una persona son 21.040 euros, según ha explicado en un comunicado.
Mar ha destacado que la principal innovación de este estudio, que inició hace cinco años ayudado por una beca promovida por la Fundación vasca de Investigación Sanitaria BIOEF, es que aborda el cálculo de la prevalencia poblacional de los estados de discapacidad generada por el DCA, es decir individuos con secuelas crónicas y los costes que éstas generan.
En consecuencia, el objetivo se dirige a destacar las necesidades de cuidados surgidas en el nuevo perfil epidemiológico de los países industrializados, según el cual son las enfermedades crónicas las que mayor carga suponen.
Mar detalla que el DCA tiene "una repercusión directa en el afectado, en sus cuidadores y en la sociedad y sus instituciones", lo cual "se puede traducir en costes por un lado de salud y calidad de vida, tanto de los afectados como de sus cuidadores, y en costes económicos, que afectan a todas las partes".
Según explica, el total de la carga económica del DCA en Euskadi y Navarra es de 382,14 millones de euros al año, y la media anual de un individuo son 21.040 euros, coste este último que aborda el entorno familiar del afectado en casi un 50 por ciento.
Además, el estudio constata que los estados de dependencia derivados principalmente por el ictus, primera causa de invalidez en España y segunda de mortalidad, son muy importantes tanto para las familias como para la sociedad en general.
Mar presenta una simulación de un análisis del impacto presupuestario de la trombolisis en el ictus en la población española (asumiendo un 10% de pacientes tratados), que demuestra que en un espacio relativamente corto de tiempo, el ahorro por los beneficios obtenidos al tratar a los pacientes que han sufrido un ictus sobrepasa ampliamente el coste del tratamiento en sí.
