PSOE ve una barbaridad que se exija a los inmigrantes pagar por la Sanidad y duda que el Gobierno no invada competencias

José Martínez Olmos
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 7 agosto 2012 15:22

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso, José Martínez Olmos, ha calificado de "barbaridad" que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pretenda que los inmigrantes sin papeles que lleven un año empadronados en España paguen por acceder a la asistencia sanitaria gratuíta y ha dudado de que el Gobierno tenga competencias para poder implantar esta medida.

Martínez Olmos se ha pronunciado así, en declaraciones a Europa Press, después de que se conociera que el departamento que dirige Ana Mato esté planteando la posibilidad de hacer pagar 710 euros a los inmigrantes menores de 65 años y 1.864 euros a los mayores de esa edad.

Una medida que, a juicio del dirigente socialista, va a generar una "mayor desigualdad" y no va a "arreglar" el problema que, ha recalcado, el "mismo" Ejecutivo había creado con la decisión de excluir a los inmigrantes sin papeles del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Además, ha proseguido, si se lleva a cabo esta normativa se van a "agravar" las enfermedades que puedan tener los miembros de este colectivo social y, también, las "infecciones" que puedan transmitir al resto de la sociedad.

"Hay determinadas enfermedades que son de caracter infecioso y si no están atendidas por la sanidad pública al final se siguen propagando por la comunidad. Por tanto, esta medida del Gobierno es una autentica barbaridad y no sólo por razones de humanidad o de reconocimiento de derechos sino por pura eficacia de las medidas preventivas y asistenciales", ha comentado Martínez Olmos.

Dicho esto, el portavoz del PSOE ha informado de que su partido va a pedir a la ministra Ana Mato que comparezca en el Congreso de los Diputados y, al mismo tiempo, van a valorar los problemas jurídicos que se puedan derivar de la aprobación de estas medidas.

"Tengo dudas de que el Gobierno tenga competencias para hacer esa reglamentación, porque es un tema que las autonomías pueden hacer sin que el Ejecutivo regule nada. Por ejemplo, Cataluña y Andalucía ya han anunciado que van a seguir con la cobertura para la Sanidad de estas personas y, con sus competencias, pueden mantener la atención sanitaria de estas personas", ha zanjado.