MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE someterá a votación ante el Pleno del Congreso de los Diputados, el martes de la próxima semana, la adopción de una serie de medidas desde el Gobierno que impidan la aplicación de la tasa de un euro por receta aplicada por el Ejecutivo catalán y anunciada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para 2013.
Se trata de uno de los puntos que defenderá el diputado socialista y exsecretario de Estado del ramo, José Martínez Olmos, en la moción, consecuencia de la interpelación que debatió ayer miércoles con la titular del ramo, Ana Mato, y a la que ha tenido acceso Europa Press.
A juicio de Martínez Olmos, tras el 'cara a cara' de este miércoles, "queda claro" que la ministra "no está capacitada" para afrontar los problemas de salud de la ciudadanía, ni tampoco para solucionar los problemas de "enorme desmotivación" de los profesionales sanitarios. "Es una ministra ausente e indolente", sentencia el portavoz sanitario.
Precisamente, en el debate de esa interpelación Ana Mato avanzó que en los últimos cuatro meses se ha conseguido reducir el gasto farmacéutico en 803 millones de euros, con la introducción del nuevo sistema de copago y la desfinanciación de más de 400 medicamentos. Es más, en la defensa de su gestión acusó al PSOE de tener una visión "alejada de la realidad y llena de cinismo político" sobre las reformas que ha emprendido el Gobierno en materia sanitaria.
UNA ASISTENCIA SANITARIA UNIVERSAL
Así las cosas, la moción recoge también la petición del PSOE al Gobierno para que reconozca el derecho a la asistencia sanitaria financiada con fondos públicos a todas las personas, por razón de ciudadanía. "Para ello, presentará un proyecto de ley que asegure la universalización plena de la asistencia sanitaria", según precisa.
Es más, solicita una "paralización de inmediato" de la privatización de servicios sanitarios públicos que se está produciendo en determinados servicios regionales de salud y en especial en Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, para evitar riesgos de afectación del derecho constitucional de protección de la salud y en la calidad asistencial.
De igual forma, pide el aseguramiento de la prestación farmacéutica en el sistema sanitario, evitando que situaciones de impago a oficinas de farmacia pongan en riesgo la accesibilidad a los medicamentos. "Para ello, los sistemas de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas deberán tener entre sus prioridades garantizar el pago a las oficinas de farmacia", según solicita.
Igualmente, quiere que se restablezca la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), sin previsión de copago por parte de los usuarios excepto en la prestación farmacéutica, de la que se excluirá a pensionistas y parados de larga duración sin prestación económica; se suprimirá la categorización de carteras de servicios sanitarios (básica, suplementaria y accesoria, establecida en el decreto de reforma sanitaria de abril.
De la misma manera, desea que se presente, en el plazo de un mes, un proyecto de ley que garantice la naturaleza pública de la financiación, la provisión y la gestión de los servicios de salud e impida que en la prestación de servicios sanitarios no se dé la calidad asistencial necesaria y no se respeten los derechos de los usuarios, derogando la Ley de Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
Por último, considera necesaria la presentación, en el plazo de un mes, de un sistema común y vinculante para asegurar la devolución del dinero que los pensionistas pagan por encima del tope establecido en el copago farmacéutico en aquellas Comunidades en que esto ocurre.
